La JEP ha dado nuevas luces sobre los casos de ejecuciones extrajudiciales que se han denominado mediáticamente como falsos positivos, esto a través de un informe en el que detallan la priorización de seis regiones del país en los que se habrían concentrado la autoría de estos delitos. En el documento, elaborado por la Jurisdicción Especial para la Paz, se expone que entre los años 2002 y 2008 hubo un aproximado de 6.402 personas asesinadas que fueron presentadas ilegítimamente como bajas en combate. La determinación de esta cifra confirma lo que era un secreto a voces, una verdad que la institucionalidad intentaba mantener al margen para proteger el discurso guerrerista promovido por las élites políticas de nuestro país.
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El número de muertos es casi el triple del reportado oficialmente por la Fiscalía, órgano que los fijaba en 2.248 personas para el periodo comprendido entre 1988 y 2011. Este aumento inusitado en la cifra registrada de estas ejecuciones se pudo realizar gracias a la comparación de las bases de datos de entidades como el Sistema Penal Oral Acusatorio, el Sistema de Información Judicial de la Fiscalía, el Observatorio del Centro Nacional de Memoria Histórica y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, todos con totales diferentes, pero que coinciden en las casi 7.000 víctimas.
En el informe se presentan algunas conclusiones sobre las investigaciones preliminares llevadas a cabo por la JEP en su búsqueda de la verdad y reparación de las víctimas, pero, sobre todo, se establece una estrategia en la que se dará prioridad a las regiones donde se registra una mayor cantidad de estos crímenes, esto con el objetivo de poder tomar decisiones sobre los civiles, uniformados e instituciones involucradas en el flagelo extendido de los falsos positivos, como parte del compromiso con el establecimiento de la verdad suscrito con la firma del acuerdo de paz.
Después de conocerse el informe sobre los falsos positivos, se conoció la respuesta del ex presidente Álvaro Uribe, máximo mandatario del país durante el periodo del 2002 al 2008, que es precisamente la época donde más se presentaron estas ejecuciones. El ahora ex senador dijo que nunca dio mal ejemplo a las Fuerzas Militares, además de asegurar que nunca dio ninguna orden para que el Ejército asesinara inocentes. Y aunque su declaración llegase a ser cierta, su responsabilidad indirecta en estos crímenes es ineludible.
Álvaro Uribe en su gobierno fue el principal promotor de las políticas militares que propendían por la extinción total de los grupos al margen de la ley a través de la ofensiva militar. Ni diálogo ni negociación, dar muerte e infligir el mayor daño posible a su enemigo fue el hilo conductor de la narrativa de su presidencia, una en la que solo existían los buenos y los malos, un enfrentamiento en el que el poder destructor invocado por la institucionalidad se impuso por encima del deber de la protección de la vida. Mandatos grabados con sangre en la historia de un país que fue condenado a la violencia en beneficio de sus líderes.
La importancia de la presentación de este informe se puede entender en dos sentidos. El primero es que por fin el Sistema de Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición (SIVJRNR), del que hacen parte la Comisión de la Verdad, la JEP y la UBPD, está en capacidad de demostrar su utilidad a través de la entrega de los resultados de sus diversas indagaciones, despejando ese manto de duda que surgía alrededor de su productividad y la conveniencia de la creación de estas instancias de justicia transicional.
Y en una segunda lectura, la exposición de las cifras que desconocemos sobre el conflicto armado en Colombia nos brinda la oportunidad de poner de presente la dimensión de esta cruenta guerra. Esto es fundamental en un país centralizado en su conocimiento de las políticas públicas, y que ahora encuentra en este proceso de paz la coyuntura adecuada para volver sobre el camino andado y enmendar los errores cometidos desde una institucionalidad que ha respaldado su visión en el egoísmo político y la apatía de una sociedad civil indolente ante el dolor del otro.
Aunque parezca insólito, hay colombianos que siguen desconociendo la innegable certeza de los actos de barbáricos que tuvieron lugar en el país a lo largo de nuestra historia como presunta democracia. Estamos acostumbrados a desestimar los relatos de las víctimas, a no ser que su sangre y sus cuerpos nos salpiquen directo a la cara a través del sensacionalismo de los medios de comunicación. Esta labor de seguir el longevo rastro de la ferocidad de la violencia para enseñarla posteriormente a quienes no creen en ella es un proceso tan necesario como doloroso, en particular para aquellos que deben soportar la inclemencia y abandono del Estado.
En Colombia existe un sistema de valores que favorece la mentira como un método efectivo para la preservación del estatus dentro del plano político y los privilegios que este conlleva. Es por esto que la tarea de la reconstrucción de la verdad de la JEP, y demás instancias creadas con el acuerdo de paz, incomoda a todos quienes se han beneficiado de la guerra para amasar fortunas cimentadas sobre los cuerpos de las víctimas. Esta es una oportunidad para hacer que nuestra idiosincrasia sea compatible, aunque sea por una vez, con una visión de país ligeramente más honesta, una justicia que permita la reconstrucción de una verdad histórica imprescindible para un país mejor para todos, en especial para aquellos que han perdido a un ser querido a merced de la guerra.
Por: Juan Ramírez
Instagram: @sebasragut
Imagen: BBC
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