Después su deliberación, la Corte Constitucional decidió declarar inconstitucional la cadena perpetua para asesinos y violadores de niños. Una determinación que despertó el malestar de quienes consideran que se está privilegiando a los delincuentes mientras que se desprotege la vida y dignidad de los menores. La desazón que levantó la decisión de los magistrados era apenas previsible, un descontento que los políticos ayudan estimular a sabiendas de que la proposición sobre encerrar a los criminales de por vida sería tumbada por la Corte ¿Qué sentido tiene plantearse políticas irrealizables e inviables? ¿Qué sentido tiene la prisión de por vida?
La decisión está tomada. Por una votación de 6 contra 3, la Corte optó por tumbar la Ley de cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. Una elección que parece poco sensata si se utiliza la simplísima escala moral de nuestra sociedad. Aunque también se debe decir que algunas de las razones en contra de la aprobación de la prisión vitalicia son tan ingenuas como las personas que suponen que un aumento deliberado de las penas es suficiente para desestimular un crimen.
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El problema de la discusión radica en la naturaleza de nuestro sistema de justicia y en cómo este es aplicado en la realidad de un país profundamente violento. La aplicación de la ley en muchos lugares, pero particularmente en Latinoamérica, es punitiva, degradante e incluso contraproducente. Por ejemplo, la cifra de población carcelaria reincidente aportada por el INPEC en el 2019 fue del 19,5%, esa misma cifra pasó al 19,9% para el año 2020, una tendencia al alza que se confirma si miramos datos del mismo Instituto Nacional Penitenciario del 2016, cuando el porcentaje de reincidencia era del 16,4%. Y habrá quienes digan que eso es porque nuestra justicia no es tan estricta como la de países del primer mundo, pero en Estados Unidos la cifra de reincidencia varía entre el 50% y el 70% según el estado de la unión del que se hable.
Creer que la privación de la libertad de por vida es una medida eficiente es no entender las motivaciones de un crimen. La mayoría de los abusos tienen lugar dentro del círculo social más cercano a la víctima, donde conocidos o familiares se aprovechan de la confianza existente a su alrededor para acercase al infante sin levantar mayores sospechas, por lo que la existencia de la cadena perpetua no garantiza de ninguna manera la seguridad de los niños y niñas, más bien, alienta a los abusadores a tomar mayores precauciones para la comisión de su delito.
También hay que decir que la Corte Constitucional peca de cándida en la explicación de sus razonamientos. Uno de los argumentos en contra de la aprobación de la ley es que el establecimiento de condenas extendidas en el tiempo solo significará que el procesado se expondrá durante un lapso mayor a tratos crueles y ajenos a la dignidad humana que protege la Constitución de 1991. Que esta clase de legislación es regresiva y nos aleja no uno sino varios años en ese horizonte utópico que es el objetivo resocializador de la justicia. Este juicio ignora por completo muchos de los hallazgos de la psiquiatría y la psicología clínica que indican que hay individuos que no están equipados ni preparados para la convivencia sana en sociedad, y aunque no todas las causas dentro de los criminales son perdidas, hay casos – particularmente de homicidas y violadores – en que la persona que comete un delito no solo no tiene una capacidad de reflexión y sincero arrepentimiento, además está contando los minutos y segundos para perpetrar nuevamente una atrocidad.
No obstante, y más allá de esta indignación pasajera por la decisión de la Corte Constitucional, hay que voltear la mirada sobre el culpable de generar discusiones estériles en torno a temas de políticas públicas de seguridad y justicia: El gobierno Duque. Hace tiempo dejó de ser novedad la importante incapacidad ejecutoria de esta administración. La violencia represiva en medio de las protestas que a su vez fueron provocadas por la proposición de una reforma que afectaba a los más vulnerables en medio de una crisis económica global es una muestra de que para este gobierno es imprescindible tomar malas decisiones para resolver los problemas que crean ellos mismos.
Entonces ¿Qué ganaba el presidente con consagrar la noticia de la aprobación de una ley que desde su gabinete se preveía sería reversada? No mucho, un repunte en la popularidad de un mandatario herido de muerte en su imagen política, un remiendo inestable a su lastimosa gestión de cara a la opinión pública, nada más. Ese es el populismo, esa voluntad de pretender que soluciones banales terminen con problemáticas complejas, siempre pensando en el rédito inmediato y nunca en la verdadera resolución de los conflictos, que importa si no se cumple lo prometido, el objetivo nunca fue ese. El populismo es la cadena perpetua de nuestras democracias.
Por: Juan Ramírez
Instagram: @sebasragut
Imagen: Archivo Particular
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