Se trata de las entidades ICM Ingenieros S.A.S, Intec de la Costa S.A.S y Omega Buildings, quienes fueron sometidas al máximo grado de control a las sociedades.
Estas empresas presentan situaciones críticas de orden jurídico, económico y administrativo y según la Superintendencia de sociedades son integrantes de la “Unión Temporal Centros Poblados, investigada por la pérdida del anticipo de más de $70 millones que recibió por parte del Ministerio de las TIC para llevar internet a las zonas rurales del país”.
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La entidad recordó que la inspección de vigilancia se ejerce sobre las sociedades comerciales para efectos que en su formación y funcionamiento se ajusten a las disposiciones del Código de Comercio y las contables aplicables, sin embargo, no comprende sus actividades contractuales, ni la verificación de los requisitos habilitantes dentro de los procesos de licitación pública o privada.
Cabe resaltar que, el “Control” es el máximo grado de supervisión que ejerce la Superintendencia de Sociedades sobre las sociedades comerciales no vigiladas por otras superintendencias, con el fin de ordenar los correctivos necesarios para subsanar situaciones críticas de orden jurídico, contable, económico o administrativo.
Centros Poblados
Es preciso señalar que el pasado 11 de octubre la Contraloría anunció que le haría seguimiento a toda la contratación que han realizado desde el 2014 las cuatro firmas que hacen parte de la Unión Temporal Centros Poblados.
De igual forma, el ente de control declaró el escandalo como de impacto nacional que, según ellos, los contratos con entidades del Estado estarían avaluados en más de un billón de pesos. Entre las empresas están lntec, Omega, ICM y Fundación de Telecomunicaciones Ingeniería y Seguridad en Innovación (Funtics).
Con información de: La FM
Por: Estefanía Ceballos Uribe
Instagram: @estefauribe.1
Imagen: Infobae
