En los últimos días Latinoamérica y el mundo han visto como la paz del Ecuador se derrumba de a poco, tras los actos de protesta civil donde los ciudadanos exigen al presidente Guillermo Lasso que asuma acciones que les permitan palear las consecuencias nefastas que, a su juicio le ha traído a la economía nacional, el aumento del precio del combustible, los alimentos y algunos productos de la canasta básica, lo que finalmente ha sumido al vecino país en cruentas jornadas de manifestaciones que ya suman más de 10 días en Quito la capital de esta nación.
Los legisladores incluso han iniciado un proceso de solicitud de Destitución del Presidente Lasso, acusándolo de generar con su desatención a la contingencia un estado de Conmoción Interna, dicha convocatoria, fue respaldada por un tercio de los asambleístas por lo cual queda la situación política del país pendiendo de un hilo entre la solución a un Estado de descontrol social y lo que pudiera ser quizá un quebrantamiento del hilo constitucional de esta nación.
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Es claro que hay causales especiales que hacen que toda una población se lance a las calles en desacuerdo con las medidas del Gobierno de turno y eso se encuentra validado en el Derecho Universal a la Protesta, más nunca puede este o cualquier otro derecho pasar por encima de otros como la elección Democrática que respalda la investidura presidencial.
Ahora bien, es prudente y pertinente que, si un mandatario incurre en negligencia y desatención de sus funciones o peor aún en establecer políticas económicas que generen recrudecimiento de la pobreza y hambruna, éste enfrente al Congreso o los Tribunales Superiores de su país que son los organismos adecuados para evaluar a través de la moción pertinente si verdaderamente ha incurrido en algún delito estipulado en la Constitución.
Ante este panorama no faltan los agitadores de oficio que aprovechan la efervescencia social para promover la violencia lo cual es inaceptable. Dios bendiga al Ecuador.
Por: Erika Baute
Instagram: @erikabauteak
Imagen: Infobae
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