Transcurridos los primeros días de gobierno de Gustavo Petro, una propuesta de impuestos elevados a los fabricantes de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, ha generado gran polémica entre la población y los sectores afectados, así como la clase política.
De acuerdo con el proyecto de reforma tributaria este impuesto que se aplicaría al consumo a ciertos alimentos, tiene la intención de reducir el consumo de algunos bienes que resultan negativos para la salud de la población, lo que a juicio del Gobierno conllevaría a reducir los gastos del sistema de salud asociados o la incidencia de enfermedades derivadas del consumo de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, y por ende contribuirá al bienestar de la población.
Le puede interesar: Haciendo negocios
Algunos expertos han indicado que esta medida generaría por el contrario una inflación de cerca de 1,89% anual y afectaría el ingreso disponible de los hogares, así como tampoco, reduciría la ingesta de estos productos, pues a pesar de un índice inflacionario como el que en la actualidad tiene Colombia del 10% no se produjo efectos negativos en la demanda de estos productos, entonces quizá ocurra como con el tabaco y los licores, que resultando más costosos terminan siendo más apetecidos para la población.
Sobre la base de estos hechos, nos preguntamos además si ¿estos fabricantes no tienen derechos civiles como inversionistas y sectores generadores de empleo? Es que acaso quien o quienes otorgan las licencias sanitarias para el consumo de estos productos no son los mismos que hoy creen que pidiéndole más dinero al fabricante, la gente va a dejar de comprarlos. La verdad es que históricamente ha ocurrido ya en muchos países del mundo y Colombia no es la excepción, que aquello que más prohibiciones y costo tiene eso es precisamente lo que la gente busca, esa extraña costumbre humana de infringir las reglas muy a pesar de nuestro bienestar, tal cual pasa con las drogas.
Ahora bien y no se trata de apadrinar algo en lo que sí tienen razón y es en el hecho de que muchos de estos productos son realmente dañinos para la salud pública, pero otra sería seguramente la respuesta del colectivo, si en lugar de tanto costo y regulación el Gobierno decidiera invertir en educación nutricional desde los colegios y universidades que son quizá los sectores poblacionales más consumidores de los populares ‘mecatos’, además de generar campañas de concientización sobre los efectos dañinos que los altos niveles de azúcares tienen para el ser humano, con la intención de reencaminar la conducta colectiva sobre estos alimentos siempre respetando la libertad que tiene el consumidor de comprarlos y el fabricante de producirlos y venderlos, eso es democracia.
No olvidemos que estas industrias son generadoras de empleo y que por ende también contribuyen al desarrollo del país con el pago de sus impuestos, es hora de entrar a la senda de la observación del respeto ajeno como camino seguro a la paz y al progreso. Dios bendiga la salud y la conciencia de los colombianos.
Por: Erika Baute
Instagram: @erikabauteak
Imagen: Fundación Best
*Las opiniones expresadas no representan la posición editorial de Zona Captiva. Es responsabilidad exclusivamente del autor.
