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El Ministro de Justicia Néstor Osuna se refirió este miércoles sobre la reunión entre el Fiscal y el Presidente Gustavo Petro, “la reforma depende del congreso”.
Este miércoles 12 de abril el ministro de justicia Néstor Osuna expresó para diferentes medios sobre la reforma a la justicia que “depende del congreso” después de la reunión que sostuvieron con el fiscal Francisco Barbosa.
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También, después del encuentro que sostuvieron el presidente Gustavo Petro, el fiscal Francisco Barbosa y el ministro de justicia Néstor Osuna, este último comentó sobre los objetivos y acuerdos logrados durante la reunión.
Sostuvo que el objetivo del encuentro fue encontrar puntos en común que alineen las mejoras en temas de justicia al país.
“Efectivamente, la reunión sí existió y fue amable, extensa y con mucho ánimo colaborativo y quienes participamos. Estuvimos de acuerdo en que los delitos de injuria, calumnia, incesto e inasistencia alimentaria, que están contemplados desde un inicio en el proyecto de reforma a la política criminal y penitenciaria, probablemente no consigan aprobación en el Congreso”, precisó el ministro Osuna.
El congreso tiene la última palabra
De la misma manera, el ministro de justicia Néstor Osuna comentó que “será el congreso de la república quien tenga la última palabra” para apoyar dicha reforma a la justicia.
Además, agregó que el encuentro entre ambos, fiscal y presidente, no resta atribuciones al congreso y que será el congreso quien mantenga o retire delitos.
“será el Congreso el que tenga la última palabra, un acuerdo entre el fiscal y el presidente no le resta ni un milímetro de atribuciones al Congreso de la República. Así que serán ellos quienes decidan si mantienen o retiran los delitos”, comentó Néstor Osuna, ministro de justicia.
No obstante, cabe recordar que la propuesta de la reforma a la justicia es despenalizar delitos que ayuden a disminuir el hacinamiento en las cárceles del país.
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El encuentro se llevó a cabo en Casa de Nariño y sirvió para mejorar relaciones y fortalecer el proceso de interdicción del nuevo gobierno sobre el decomiso de droga y la cooperación de la entidad para unificar cifras en la incautación de cocaína en el país.
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