Una investigación del Politécnico Grancolombiano revela datos alarmantes sobre la violencia intrafamiliar contra mujeres en Colombia.
La Unidad de Investigación Periodística (UIP) del Politécnico Grancolombiano llevó a cabo un estudio titulado ‘El feminicidio antes del feminicidio’, ofreciendo una perspectiva sobre este crimen antes de la promulgación de la Ley Rosa Elvira Cely en 2015. Los hallazgos son perturbadores: desde el año 2000 hasta el 2022, Medicina Legal ha registrado 1.349.551 casos de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Este número solo incluye a aquellas que buscaron atención de esta entidad, por lo que la cifra real podría ser aún mayor.
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La UIP recopiló datos de los informes Forensis publicados entre 2000 y 2022. La información reveló que las mujeres, independientemente de su edad, han sido víctimas de diversas formas de agresión: violencia intrafamiliar, violencia contra menores y violencia de pareja.
Homicidios y falta de datos específicos
La investigación también destacó una falta de datos oficiales sobre homicidios específicos que permitan identificar cuántos corresponden a feminicidios. Según la Fiscalía, entre 2000 y 2015 se registraron 15.457 homicidios dolosos contra mujeres, pero solo cinco casos involucraban a un victimario con una relación cercana con la víctima.
En los informes de Medicina Legal de 1999, se registraron 76 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, 63 en 2000 y 66 en 2001. Estos números subrayan que la violencia de género es un problema de larga data.
Base de datos y análisis de periódicos
Para enriquecer su investigación, la UIP revisó 4.745 ediciones del periódico El Espacio, publicadas entre enero de 2000 y diciembre de 2013. Encontraron 461 noticias de mujeres asesinadas por personas cercanas, evidenciando la prevalencia de estos crímenes antes de la existencia de una legislación específica sobre feminicidios.
La ley Rosa Elvira Cely: un hito legal
El caso de Rosa Elvira Cely, ocurrido en 2012, provocó una fuerte demanda de justicia y llevó a la promulgación de la Ley 1761 de 2015, que tipificó el feminicidio como un delito autónomo en el Código Penal Colombiano. Esta ley busca ampliar la responsabilidad del Estado en la protección de las mujeres y sancionar los asesinatos por razones de género.
A pesar de la creación de la ley, el feminicidio sigue siendo una realidad en Colombia. “Tener un delito autónomo denominado feminicidio significa contar con medidas privativas de libertad superiores a las que se darían por cometer un homicidio,” explicaron las investigadoras del Politécnico Grancolombiano. La visibilidad del feminicidio ha aumentado, pero aún queda mucho por hacer para erradicar este delito.
Datos recientes y desafíos pendientes
Entre junio de 2015 y octubre de 2023, la Fiscalía reportó 1.732 casos de feminicidio en Colombia. De estas víctimas, 917 tenían entre 27 y 59 años y 452 tenían entre 18 y 26 años. Sorprendentemente, no se dispone de información sobre 170 mujeres víctimas entre 2015 y 2018. Solo se ha establecido el vínculo entre la víctima y el victimario en 102 de los 1.705 casos investigados, de los cuales 65 eran parejas actuales y 23 exparejas.
Medicina Legal, a través de sus informes Forensis, ha documentado 351.608 casos de violencia intrafamiliar contra mujeres entre 2016 y 2022, frente a 101.411 casos contra hombres. Además, entre 2020 y 2022, se reportaron 25.738 mujeres que llegaron a Medicina Legal como víctimas de intento de feminicidio.
Proceso judicial y educación
El estado de los procesos judiciales por feminicidio también es preocupante. De los 1.732 casos reportados entre junio de 2015 y octubre de 2023, 882 están inactivos y 850 continúan activos. Muchos de estos casos no activan adecuadamente las rutas de atención establecidas, lo que deja a las víctimas enfrentando múltiples barreras y revictimizaciones.
La formación del personal del sistema de justicia en enfoque de género sigue siendo insuficiente, perpetuando la revictimización y contribuyendo a la impunidad en muchos casos de feminicidio. Además, la cátedra de género, que debía ser implementada seis meses después de sancionada la ley, aún no ha sido adoptada de manera consistente en el sistema educativo.
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La investigación de la UIP del Politécnico Grancolombiano destaca la urgencia de transformar no solo el sistema judicial sino también el educativo para combatir eficazmente la violencia de género. La implementación de la cátedra de género y una mayor capacitación en justicia con enfoque de género son cruciales para mejorar la respuesta del Estado a estos crímenes. Para más detalles sobre esta investigación, se puede consultar la publicación completa en el siguiente enlace: Feminicidios Poligran.
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