La polémica en torno a la condena de Daneidy Barrera Rojas, más conocida como ‘Epa Colombia’, sigue creciendo y ha abierto un debate sobre la equidad en la aplicación de la justicia en Colombia. Su reclusión en la cárcel El Buen Pastor contrasta con la liberación de miembros de la ‘primera línea’ y otras figuras que han recibido beneficios judiciales. La pregunta es inevitable: ¿estamos ante una justicia imparcial o frente a un castigo ejemplarizante?
Barrera fue condenada a cinco años y dos meses de prisión por actos vandálicos contra el sistema de transporte público durante el paro de 2019. En un video, se le vio destruyendo una estación de TransMilenio, lo que derivó en cargos por perturbación al servicio público, instigación a delinquir con multas terroristas y daño en bien ajeno. Aunque la empresaria ha manifestado en repetidas ocasiones su arrepentimiento y ha pagado los daños, la justicia ha sido implacable con ella. Desde la cárcel, Barrera ha asegurado que su condena es desproporcionada, comparando su situación con la de los miembros de la ‘primera línea’ que han sido liberadas: “Mire, los de la primera línea son gestores de paz, y yo, ¿estoy aquí pagando el delito de todos ellos? ¿Por qué no están acá?”.
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El presidente Gustavo Petro ha expresado su apoyo a la idea de que Barrera pueda acceder a beneficios legales, argumentando que, como madre cabeza de familia, podría acogerse a la Ley de Utilidad Pública. Sin embargo, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, fue clara en que esta decisión no está en manos del Gobierno: «No tenemos la competencia. La sentencia y la condena solo las puede modificar un juez«. Esta postura deja claro que el caso de Barrera está atado a la interpretación de la ley por parte del sistema judicial y no a la voluntad política del Ejecutivo.
Más allá del debate sobre su condena, la empresa también ha denunciado que su negocio de queratinas ha sufrido grandes pérdidas desde su reclusión. En una declaración reciente, aseguró que las cuentas bancarias de su empresa han sido bloqueadas y que las ventas han disminuido considerablemente. “Me quitaron todo, me cerraron mis cuentas y ahora no sé qué va a pasar con mi empresa”. Este impacto económico plantea otro dilema: ¿hasta qué punto la sanción penal está afectando su derecho al trabajo y al desarrollo empresarial?
El caso de ‘Epa Colombia’ refleja las inconsistencias del sistema judicial colombiano. Mientras algunos reciben beneficios legales, otros enfrentan penas severas por delitos similares o menores. Su historia deja un mensaje claro: la justicia no siempre parece ser la misma para todos.
La gran pregunta sigue en el aire: ¿es Barrera un ejemplo de justicia o de castigo selectivo?
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Por: Daniel Felipe Carrillo
Instagram: @felipecarrilloh1
Imagen: Archivo Zona Captiva
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