En las últimas semanas, el señor presidente de la República de Colombia ha aprobado una serie de decretos impositivos que, bajo el pretexto de justicia social, terminan gravando con más fuerza a quienes menos pueden pagarlo. El alza en el impuesto a los combustibles y el incremento del IVA sobre productos básicos pareciera una afrenta deliberada a la economía popular. Los discursos oficiales, cargados de retórica revolucionaria, no logran disipar la sensación de que se gobierna desde la soberbia y el desprecio por la realidad cotidiana de millones. La factura de estas medidas llega al bolsillo de la ciudadanía sin aviso ni consulta previa.
La arrogancia política se hace patente en la forma en que el gobierno presenta cada impuesto como si fuera un logro de equidad, en lugar de admitir su incapacidad para diseñar una reforma tributaria progresiva y consensuada. Se proclama el “compromiso con los más vulnerables” mientras se hunde a la clase media y a los estratos más bajos en una espiral de precios crecientes. Las cifras de inflación, lejos de ser un mero indicador técnico, se traducen en la merma cotidiana de la alimentación, el transporte y los servicios esenciales. Quienes debieran ser interlocutores cercanos al pueblo aparecen como autómatas de un dogma económico sin rostro humano.
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El exguerrillero que ascendió al poder con la promesa de abrir caminos de diálogo y reconciliación ha virado hacia una ortodoxia fiscal implacable. Esa misma mano dura que exhibía en campamentos insurgentes ahora se ejerce en el Ministerio de Hacienda. La férrea disciplina militar se trasladó a las finanzas nacionales, pero sin la claridad estratégica que requiere una contención de gastos responsable. El presidencialismo ilusorio ha sustituido la consulta plural por un látigo burocrático que endurece las condiciones de vida en la capital y en cada rincón rural.
El discurso izquierdista, otrora vibrante y crítico con las élites tradicionales, ha perdido su filo en el momento más crucial. La retórica de “poder popular” suena hueca al imponer un tributo adicional sobre la canasta básica familiar. Se invita a la “solidaridad” mientras la solidaridad real se ve sacudida por el aumento en el precio de la leche, el pan y la gasolina. El mensaje oficial confunde igualdad con uniformidad forzada, y equidad con sacrificio colectivo impuesto. La demagogia se revela cuando el arreglo discursivo no se ve reflejado en beneficios concretos.
Las medidas, presentadas como aportes a la estabilidad económica, han generado una ola de protestas en ciudades y municipios. Agricultores, comerciantes y conductores de transporte público han alzado la voz contra un cálculo tributario que el gobierno no supo calibrar. Las movilizaciones, lejos de ser impulsadas solo por grupos de oposición, cuentan con la adhesión de ciudadanos que en su día depositaron su confianza en esta administración. Esa traición silenciosa duele más cuando proviene de un mandatario que se definió a sí mismo como el líder del renacimiento social.
En cada esquina del país, la discusión giró en torno a la frase “nos prometió el paraíso y nos entregó impuestos”. No se trata únicamente de sumar ingresos al Estado, sino de cómo se hace y en nombre de qué propósito. La falta de transparencia en los cálculos y la ausencia de un mensaje coherente han erosionado la legitimidad presidencial. Cuando los ciudadanos cuestionan la fórmula tributaria, se les acusa de “conspiradores” o “enemigos de la patria”. Así, el uso de la intimidación retórica borra la línea entre la crítica constructiva y el disenso silenciado.
El pueblo colombiano, acostumbrado a sortear crisis y desequilibrios, observa con perplejidad cómo se estrechan las oportunidades de progreso. El incremento de costos impacta con más crueldad en las zonas rurales, donde el acceso a bienes y servicios ya era limitado. Las condenas morales del gobierno contra el gasto público “innecesario” dejan al descubierto que la austeridad penaliza a quienes dependen de programas de alimentación escolar y atención médica subsidiada. Resulta paradójico ver a un ejecutivo que apeló a la protección de los vulnerables, cerrar caminos de ayuda social en nombre de la contención presupuestal.
Más allá de los números, subyace una cuestión ética: ¿puede un líder proclamarse defensor de los débiles mientras alza la barrera de la supervivencia diaria? La arrogancia se expresa en la voracidad del discurso oficial, en la creencia de que todo adversario político es un aliado del caos. Se desprecia la crítica ciudadana como si fuera un obstáculo personal, no un indicador de responsabilidad compartida. Esa visión maniquea de la política alimenta la polarización y aleja la posibilidad de construir consensos mínimos en un país que reclama paz en cada región.
En contraste con líderes que han apostado por pactos amplios y reformas graduales, el actual mandatario ha preferido la vía unilateral. Esa elección revela un desprecio por la institucionalidad y la cultura del diálogo que, durante décadas, sostuvo avances significativos en Colombia. El desprecio por las mesas técnicas y las comisiones académicas ha desequilibrado la balanza hacia decisiones tomadas en despachos aislados. Cuando la creación de políticas públicas se convierte en un acto de fe, la improvisación y el error pasan a ser la norma.
La factura política de esta soberbia ya comienza a notarse en las urnas. Encuestas recientes apuntan a un descontento generalizado que trasciende las fronteras ideológicas tradicionales. Ciudadanos que hace meses sostenían un voto de aprobación hoy expresan deseos de renovación. El riesgo de encasillar al adversario como “tradicionalista” impide reconocer que las críticas proceden de ambas orillas del espectro político. La diatriba contra el “establishment” pierde fuerza cuando el propio gobierno encarna los mismos vicios que juró combatir.
En el escenario regional, Colombia ya no figura como ejemplo de innovación social sino como advertencia de los peligros de la soberbia presidencial. Mientras vecinos de América Latina prueban fórmulas de negociación y participación ciudadana, aquí se impone un esquema tributario de corte autoritario. El desequilibrio macroeconómico y social que se prevé por el incumplimiento de ajustes gradualistas puede servir de lección, aunque dolorosa, para futuros gobiernos. La arrogancia, como en todas las latitudes, mina la confianza y socava el contrato social.
Ante esta encrucijada, urge que el gobernante recupere la humildad que lo llevó a ganar las elecciones. Reconocer errores, abandonar el tono condescendiente y abrir verdaderos espacios de diálogo son pasos indispensables para recomponer la gobernabilidad. Ni la promesa de vientos revolucionarios ni el uso de uniformes discursivos reemplazan la necesidad de argumentos serios y cálculos responsables. La política merece más que consignas: exige compromiso real con la gente y con las instituciones.
La revisión pausada de este ciclo de impuestos puede marcar la diferencia entre un mandato eternamente cuestionado y uno capaz de remontar su popularidad. Un gesto de devolución de impuestos excesivos o un aplazamiento negociado con gremios y sindicatos podría restablecer la confianza minada. Es momento de escuchar sin intermediarios, de convocar a la sociedad civil en lugar de vilipendiarla. La arrogancia no es compatible con la democracia; solo cabe en regímenes que temen al disenso.
Al cerrar esta reflexión, corresponde a cada colombiano asumir su parte de responsabilidad en el desenlace. No basta con quejarse en redes sociales o en reuniones íntimas. Es preciso movilizar la conciencia ciudadana en las urnas, exigir transparencia en los cálculos presupuestales y fiscalizar cada decreto. Si el poder se origina en la voluntad colectiva, la soberbia presidencial solo se doma con una voluntad colectiva aún más fuerte. Que esta columna sirva de llamada de alerta y estímulo para repensar el presente y reconstruir el futuro con humildad y coraje.
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Por: Jean Carlos Guerra
Instagram: @jeanguerra.95
Imagen: Freepik
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