La Corte Interamericana de Derechos Humanos decretó que el Estado es responsable de la vulneración de varios derechos políticos contra el exalcalde Gustavo Petro.
Este fallo obliga al Gobierno a modificar su Constitución, lo que para algunas personas significa un retroceso en la lucha contra la corrupción.
Después de que ocurriera el escándalo de las basuras en Bogotá, el 9 de diciembre de 2013, la Procuraduría General de la Nación bajo la dirección de Alejandro Ordoñez, sancionó e inhabilitó al alcalde Gustavo Petro por 15 años sin ejercer algún cargo público.
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Además, el procurador del Distrito Juan Carlos Granados, habría interpuesto multas cercanas a 150 millones de dólares por los mismos eventos.
Violación de derechos de Gustavo Petro
Después de esto, el ex alcalde Gustavo Petro llevó el caso ante la CIDH alegando la violación de varios derechos. Para la Corte, Colombia pasó por alto el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos; en donde se establece que ningún elegido por voto popular puede ser destituido de su cargo, a menos que haya una decisión de un ente judicial.
Según el fallo: “Colombia debe adecuar su ordenamiento interno de acuerdo a lo señalado en la sentencia, de forma tal que los funcionarios de elección popular no puedan ser destituidos ni inhabilitados por decisiones de autoridades administrativas”.
Para acatar esta medida, el Gobierno deberá modificar la Constitución pues allí se establece que instituciones como la Procuraduría o la Fiscalía podrán investigar y sancionar a funcionarios elegidos por voto popular. Para el año 2019 la Procuraduría sancionó más de 380 delegados elegidos por votación.
Esta decisión ha generado diferentes opiniones. Camilo Gómez, director de la Agencia de Defensa Jurídica de la Nación afirma que la demanda hecha por Petro “logra que retrocedamos significativamente en la lucha contra la corrupción».
A su vez, el hoy senador, Gustavo Petro aseguró que “el fallo es una clara ampliación democrática. Con este ceden el poder de chantaje y de miedo que ejercían funcionarios de procuradurías y contralorías”. También afirma que la única manera de no aceptar el fallo, es que Colombia renuncie a la Convención Americana de Derechos Humanos.
Entre otras de las medidas decretadas por la CIDH, está que el Estado pague más de veinte mil dólares al actual senador por reparación y gastos en el proceso judicial. El ex vicepresidente Humberto de la Calle comentó en su cuenta de twitter, que “corresponde al Gobierno ordenar que se inicie el proceso legal para que el mencionado ex funcionario –Alejandro Ordoñez- reintegre los dineros que tenga que pagar el Estado colombiano”.Según De la Calle, fueron las arbitrarias actuaciones de Ordoñez las que llevaron a que la CIDH sancionara al país.
De acuerdo con las fuentes consultadas por El Tiempo, el presidente Iván Duque ya tiene todas las opciones y, mencionan que acatar el fallo de la Corte implicaría un golpe mortal contra las facultades de los órganos de control.
Con información de: El Tiempo
Por: Miguel Cruz
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Imagen: Zona Captiva
