Esta semana se conoció sobre el posible trámite que deportaría al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso a Italia, después de haber cumplido una sentencia de 15 años en Estados Unidos por tráfico de drogas. A su vez, se ha hecho visible la poca importancia que presta el Gobierno para solicitar la extradición del exjefe paramilitar que, dado el caso que llegue a Colombia, podría declarar sobre los vínculos del paramilitarismo con algunos sectores económicos y políticos.
Salvatore Mancuso fue Comandante de la Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, con el tiempo, los hermanos Castaño lo promovieron a Jefe del Estado Mayor de las AUC. Estuvo relacionado con la creación de grupos pararamilitares en diferentes zonas del país. Masacres, desplazamientos, violaciones y tortura son algunos de los crímenes de los que se le acusa. Además, la justicia colombiana lo investiga por miles de crímenes, la mayoría de lesa humanidad.
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El 10 de diciembre de 2004, Mancuso en compañía de 1424 hombres se desmovilizan en el municipio de Tibú, Norte de Santander. Tras su sometimiento a la Ley de Justicia y Paz el exjefe paramilitar es recluido el 1 de diciembre de 2006 en el Centro Carcelario de Itagüí, Antioquia. Allí, bajo el mandato de la Ley de Justicia y Paz, Mancuso comienza a exponer sobre la creación y vínculos de la organización paramilitar. Gracias a sus declaraciones, se comenzó a investigar la relación de políticos con paramilitares, lo que se denominó como la parapolítica. A su vez, alcanzó a revelar como en 2002, los paramilitares ayudaron a Mario Uribe para posicionarse en el cargo de momento. Por sus delitos de narcotráfico y, quizá, debido a sus controversiales acusaciones, el 13 de mayo de 2018, Mancuso y otros 13 paramilitares son extraditados a los Estados Unidos.
Ahora, lo que se esperaría, es que el actual Gobierno, acomodando su discurso de ‘mano dura contra la impunidad de los crímenes del conflicto armado’, emitiera los requerimientos y solicitudes necesarias para que el exjefe paramilitar regrese a Colombia. Y así, logre reiterar o profundizar en lo que ya reveló, o, comente lo que no alcanzo antes de ser extraditado. No obstante, las acciones realizadas por el Gobierno dejan entrever que su prioridad no es esta.
El 11 de febrero de 2020 Mancuso solicito ser deportado a Italia, ya que el 27 de marzo terminaba su condena. El Gobierno colombiano un mes después, el 15 de abril, pidió la extradición del exparamilitar. Sin embargo, solo hasta junio, a pedido de autoridades colombianas, algunos fiscales estadounidenses solicitaron al tribunal federal de Georgia la extradición formal de Mancuso. Días después, esta solicitud fue retirada por Colombia, pues Justicia y Paz consideraba que la pena ya había sido cumplida.
De igual modo, en mayo las autoridades colombianas redactaron dos solicitudes de extradición en relación con casos de desplazamiento forzado y secuestro. Las autoridades de Estados Unidos no aceptaron dichos requerimientos porque los fundamentos legales no eran compatibles con su legislación. Según José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch “las autoridades colombianas tienen una abundante experiencia con procesos de extradición, estas tres mediocres solicitudes de extradición son difíciles de compatibilizar con la importancia que merece este caso”.Y es que dicha importancia radica en que las declaraciones que pueda dar.
Salvatore Mancuso, ayudarían a explicar a las víctimas sobre los diferentes eventos por lo que pasaron. Ayudaría también a conocer detalles de aquellos eventos que como país aún recordamos con dolor. Es el caso de la Masacre del Aro, ocurrida el 22 de octubre de 1997 en el municipio de Ituango, Antioquia. Un año antes de ser extraditado, el exjefe paramilitar narró que durante dicha masacre, las AUC recibieron apoyo del Ejército y de un helicóptero de la Gobernación de Antioquia que, ayudó con la extracción de sus heridos. Para la época, el gobernador del departamento era Álvaro Uribe Vélez. De nuevo, Mancuso enlodando el nombre de la familia Uribe.
Otro caso que sería pertinente aclarar, son las supuestas reuniones en donde coincidieron el exjefe paramilitar, el actual embajador de Colombia ante Estados Unidos, Francisco Santos y, el embajador de Colombia ante la OEA, Alejandro Ordoñez. Un artículo publicado por el portal La Nueva Prensa, evidencia una declaración entregada a la Fiscalía por el exteniente del Ejército Nacional, Julio César Bustamante Fernández, en donde declara que estos tres personajes, en el año 2000, se reunieron en la capital del país para consolidar la creación de estructuras paramilitares en Bucaramanga y Bogotá.
Francisco Santos argumenta al portal La Nueva Prensa que estas reuniones se daban por cuestiones laborales, pues Santos en ese momento ejercía como periodista. Ahora, 20 años después, siendo embajador en EEUU, paradójicamente él es una de las autoridades que verifica la (in)oportuna extradición de Mancuso.
Con la extradición del exjefe paramilitar a Colombia, estas solo serían algunas de las situaciones que podrían tener respuesta. Pero en este contexto –de post acuerdo- en el que estamos, en donde la verdad es algo imprescindible para lograr construir paz, el arribo de este señor -y su disposición para contar la verdad- traerían al país y, sobre todo a las víctimas, un reparo inimaginable. No podemos construir una democracia desde el peldaño del olvido y el silencio, es necesario que todos los actores involucrados en el conflicto confiesen qué o quiénes los motivaron para cometer tantas atrocidades.
Lastimosamente y, aun sabiendo de la importancia de la llegada del exparamilitar al país, el presidente Duque no toco este tema con la delegación de Estados Unidos, encabezada por el Asesor de Seguridad Nacional Robert O’Brien. Ahora solo queda esperar que los funcionarios encargados traduzcan los cerca de 2000 folios que se adjuntan en el expediente de Mancuso, para que así, la justicia norteamericana logre leerlos y emitir una respuesta. Ojalá antes del 4 de septiembre, fecha estimada para su posible deportación a Italia.
Por: Miguel Cruz
Instagram: @migueelduartee14
Imagen: Fundación Paz y Reconciliación
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