La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, recibió tres denuncias por parte de varias ONGs, contra las empresas aliadas y accionistas de la mina de Cerrejón que opera en La Guajira.
En un comunicado enviado por estas organizaciones nacionales e internacionales, denuncian detalladamente lo que consideran «múltiples impactos de la mina en detrimento de la vida y los derechos humanos de las poblaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas de La Guajira, así como la falta de debida diligencia y el incumplimiento de los lineamientos de la OCDE».
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La primera denuncia fue presentada contra la empresa ESB, Electricity Supply Board, una empresa estatal irlandesa que compra carbón de Cerrejón. La segunda fue contra CMC, Coal Marketing Company, de Cerrejón, con sede en Dublín, Irlanda. Paralelamente, presentaron una tercera denuncia en contra de las sociedades multinacionales mineras dueñas de Cerrejón: BHP, Angloamerican y Glencore.
Mientras tanto, las organizaciones como la irlandesa Global Legal Action Network, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente y las organizaciones nacionales de derechos humanos Cinep/PPP y Cajar, aseguraron que las empresas que operan Cerrejón, han ignorado el cumplimiento de múltiples sentencias de los tribunales colombianos.
Denuncias por parte de la OCDE
El director de Global Legal Action Network, Gearóid Ó Cuinn, aclaró que lo que buscan es «cerrar progresivamente la mina Cerrejón, en consulta con todas las partes interesadas; detener inmediatamente las operaciones en el pozo de Patilla; cumplir con todas las sentencias judiciales colombianas; revertir el Arroyo Bruno a su curso original; restaurar el medioambiente en La Guajira a su estado original, en la medida de lo posible; proporcionar remedios apropiados a las comunidades afectadas; Y emitir una disculpa formal por sus acciones».
Y es que, en 2019, el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial recomendó que Irlanda «considerara la posibilidad de dejar de comprar carbón de la mina del Cerrejón». Mientras que, en septiembre de 2020, expertos en derechos humanos de la ONU pidieron detener operaciones industriales en la mina para proteger los derechos y la salud de la comunidad local Wayuu. Igualmente, la Corte Constitucional de Colombia, ya ha reconocido la contaminación masiva causada por el Cerrejón a principios del año pasado.
Con información de: El Tiempo
Por: Samir Andrés Méndez Bonilla
Instagram: @Samir_mendez182
Imagen: Pacifista
