La reforma de las regalías se posiciona como una meta clave en la agenda gubernamental, según indicó el director de Planeación Nacional, Alexander López Maya.
En su reciente gira por el Caribe colombiano, el presidente Gustavo Petro abordó la necesidad de ajustar las vigencias futuras de diversos proyectos de infraestructura. El objetivo principal es desacelerar el flujo de recursos destinados a las obras de la denominada iniciativa 4G, para así disponer de un espacio financiero suficiente que permita priorizar la ejecución de proyectos relacionados con el suministro y la purificación de agua, así como la infraestructura educativa.
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En consonancia con estas declaraciones, el presidente Petro asignó esta importante tarea al nuevo director del Departamento Nacional de Planeación (DPN), Alexander López Maya, excongresista. En palabras del mandatario, esta labor constituye la primera responsabilidad del recién nombrado director.
Ante esta designación, López Maya expresó su compromiso a través de las redes sociales del DPN, reafirmando el enfoque propuesto por el presidente Petro. En sus palabras, destacó la necesidad de generar un espacio financiero que permita incluir en las vigencias futuras la construcción de acueductos y plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR), así como la infraestructura educativa y de salud requerida por el país.
Es importante resaltar que estas medidas responden a la intención manifestada por el presidente Petro el pasado 21 de marzo, donde sugirió la posibilidad de reformar la reglamentación de las vigencias futuras. Esto fue un preludio de lo expresado posteriormente en Cartagena, donde reiteró la intención de otorgar mayor respaldo financiero a la infraestructura relacionada con el suministro de agua potable y la educación en Colombia.
El enfoque en la reforma de las regalías y las vigencias futuras es clave en la estrategia gubernamental para mejorar la infraestructura básica del país. Petro enfatiza la importancia de redirigir recursos hacia proyectos que impacten positivamente en la calidad de vida de los ciudadanos, especialmente en áreas críticas como el acceso al agua potable y la educación.
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Esta iniciativa responde a la necesidad de priorizar el bienestar social y el desarrollo sostenible, considerando la infraestructura básica como un pilar fundamental para el progreso de la nación. La colaboración entre el gobierno central y las entidades encargadas de la planificación y ejecución de proyectos será fundamental para alcanzar estos objetivos de manera efectiva y eficiente.
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