Donald Trump ignoró un fallo federal y deportó a más de 200 migrantes, incluyendo a supuestos miembros del Tren de Aragua, hacia El Salvador sin el debido proceso.
El presidente Donald Trump podría ser declarado en desacato penal tras ordenar una deportación masiva de migrantes pese a una orden judicial que lo prohibía expresamente. Así lo consideró el juez federal James Boasberg, quien determinó que el gobierno de Trump “ignoró deliberadamente” su fallo del 15 de marzo, el cual suspendió las expulsiones fundadas en la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
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“El tribunal determina en última instancia que con sus acciones ese día el gobierno ignoró deliberadamente su orden”, escribió el magistrado en una resolución emitida este miércoles.
Deportaciones sin derecho a defensa
El operativo de deportación incluyó a más de 200 personas, en su mayoría de nacionalidad venezolana, acusadas por el gobierno de pertenecer al grupo criminal Tren de Aragua, recientemente declarado como organización terrorista global por Washington. Los migrantes fueron enviados a El Salvador, donde fueron excluidos en la megacárcel de alta seguridad CECOT , dispuesta por el presidente Nayib Bukele.
A pesar del fallo judicial que suspendió las expulsiones, el gobierno de Trump continuó con la operación al día siguiente del dictamen.
“Varias horas después de la decisión, trasladaron a los pasajeros de dos aviones protegidos por esta suspensión a una megacárcel salvadoreña”, denunció el juez Boasberg, calificando el acto como una clara muestra de desobediencia.
Corte Suprema validó expulsiones, pero con condiciones
El 8 de abril, la Corte Suprema de Estados Unidos revocó parcialmente la prohibición de deportar migrantes bajo la ley del siglo XVIII, pero solo por motivos técnicos: las demandas de los migrantes se tramitaron en Texas , mientras que el caso Boasberg se llevó en Washington .
Aun así, el alto tribunal sostuvo que los migrantes deben tener derecho a impugnar su deportación en los tribunales del estado donde se encuentran.
Gobierno tiene hasta el 23 de abril para responder
El juez Boasberg dio un plazo de una semana al Ejecutivo para cumplir con su decisión del 15 de marzo y evitar un procedimiento formal por desacato. En caso de incumplimiento, exigió conocer “la identidad de la persona o personas que decidieron ignorarlo”.
Por su parte, el portavoz de la Casa Blanca, Steven Cheung, anunció en la red social X que la administración “prevé inmediatamente una apelación” contra el fallo del juez.
Caso emblemático: Kilmar Ábrego García
Uno de los deportados fue Kilmar Ábrego García, un salvadoreño que ya contaba con una resolución judicial de 2019 que impidió su expulsión. El gobierno de Trump reconoció más tarde que su envío fue resultado de un “error administrativo”. Sin embargo, también lo vinculó sin pruebas con la pandilla MS-13, otra organización catalogada como terrorista.
Su caso ha generado indignación y se ha convertido en un símbolo del choque entre la administración de Trump y el sistema judicial estadounidense.
Bukele respalda a Trump
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ofreció sin reservas el uso del penal de máxima seguridad para recibir a los deportados y recibió seis millones de dólares del gobierno estadounidense por su cooperación. En una reciente visita a la Casa Blanca, Bukele afirmó que tampoco puede devolver a Ábrego García, alineándose con Trump en su decisión de detenerlo en territorio salvadoreño.
“No está en mis manos traerlo de vuelta”, declaró Trump. Bukele agregó que “tampoco tiene el poder” de repatriarlo.
Senador demócrata exige retorno de migrante
El senador demócrata Chris Van Hollen viajó este miércoles a El Salvador con el objetivo de visitar a Ábrego y presionar por su liberación. En declaraciones antes de su llegada al país centroamericano, afirmó: «Ábrego fue ilegalmente secuestrado y necesita volver a casa. Lo que separa a Estados Unidos del autoritarismo y la tiranía es que respetamos el estado de derecho«.
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La tensión entre el poder judicial y el Ejecutivo estadounidense vuelve a estar en el centro del debate, en un momento clave para la política migratoria del país de cara a las elecciones presidenciales.
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