Según la Contraloría los imputados ejercían cargos directivos durante el proyecto de la planta de etanol y su afectación al componente agrícola en el Meta.
La Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal por $31.261 millones contra ocho directivos, para el momento de los hechos; de Bionergy Zona Franca S.A.S., firma filial de Ecopetrol y la cual se encuentra en trámite de liquidación.
Le puede interesar: Consejo de Estado aceptó la demanda para destituir a Claudia Blum
El contralor delegado intersectorial de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría imputó el pasado 13 de enero de 2021 de “culpa grave” a Aleck Remberto Santamaria de la Cruz, gerente general de Bioenergy Zona Franca, y a su junta directiva: Juan Carlos Roa Márquez, María Elena Vásquez Restrepo, Juan Felipe Munera Yepes, Alexander Cadena Motezuma, Henry Echeverri Campuzano, María Cristina Gloria Inés Cortes Arango y Claudia Castellanos Rodríguez, por la “pérdida de los recursos públicos por no hacer efectivas las cláusulas de fuerza mayor y caso fortuito, así como la de revisión por circunstancias imprevistas, pactadas en el contrato de suministro de caña de azúcar, acciones que debió tomar ante la demora en la entrada en funcionamiento de la planta industrial para el procesamiento de la caña”.
La responsabilidad fiscal se debe a un contrato con la empresa Riopaila Castilla S.A. que se remonta al 10 de noviembre de 2010 para el suministro de 300.000 toneladas de caña al año, por el término de 22 años, “el cual iniciaría tres meses después de la puesta en marcha de la planta industrial para la producción de etanol ‘El Alcaraván’, situada en Puerto López (Meta)”.
Bioenergy Zona Franca
La entidad explicó que la situación generó un “daño patrimonial al Estado por la pérdida de los recursos públicos entregados al proveedor”, por reconocimientos e indemnizaciones que se concedieron a través de la celebración de los otrosíes por “$24.223.527.390, y la disposición de 114,498 toneladas de caña al suelo, recibidas entre el 15 de agosto de 2016 y el 31 de enero de 2017, las cuales no fueron usadas en la producción de etanol, sino tiradas al suelo para utilizarlas como capa vegetal, y cuyo valor alcanzaba los $9.121.202.800,25″.
Con información de: El Espectador
Por: Rider Colina Castro
Instagram: @colinarider_
Imagen: El Tiempo
