Denuncias revelan presunto favorecimiento en contratos de erradicación de cultivos ilícitos por más de 78.000 millones de pesos.
Una serie de denuncias recientes señalan que un contratista ha recibido más de 600.000 millones de pesos en contratos estatales, desde el gobierno anterior hasta la actualidad, con la presunta complicidad de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional (DIRAN) y la Agencia Logística de las Fuerzas Militares (ALFM). Estas acciones han generado preocupación debido a la magnitud del presunto desfalco a la nación, comparado incluso con casos anteriores como el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
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El foco de las denuncias se encuentra en el proceso de contratación con referencia PN DIRAN LI 049 2024, relacionado con la prestación de servicios integrales para la erradicación de cultivos ilícitos mediante Grupos Móviles de Erradicación (GME). Este contrato, que supera los 78.000 millones de pesos, está siendo objeto de múltiples cuestionamientos por parte de veedores ciudadanos y otros actores que han señalado posibles irregularidades en la adjudicación.
El veedor ciudadano René Reyes, adscrito a la Personería con el registro 002, ha estado siguiendo de cerca este proceso y afirma que existe un direccionamiento claro para favorecer a un contratista que ya ha obtenido contratos previos bajo diferentes razones sociales. Este contratista, Carlos Niño, estaría vinculado a altos mandos de las entidades involucradas y contaría con el apoyo de funcionarios clave en la adjudicación de contratos.
Favoritismo hacia un contratista recurrente
De acuerdo con la investigación realizada por Reyes y otros veedores, el proceso de contratación ha sido manejado de manera que favorezca a Carlos Niño, un contratista con presuntos vínculos cercanos con los hermanos Sarabia y otros altos mandos dentro de la DIRAN y la ALFM. Según las denuncias, Niño habría utilizado otra razón social, denominada Unión Temporal Tierra Libre, para continuar obteniendo contratos a pesar de su historial.
Funcionarios involucrados en las irregularidades
Las denuncias también mencionan la participación de varios funcionarios clave dentro de las entidades implicadas, quienes habrían facilitado el favorecimiento de Carlos Niño. Entre ellos se encuentran el coronel Javier Arias, el coronel Alexander Muñoz, y la intendente Juanita del Pilar Calderón, esta última señalada como parte del comité jurídico y presunta ficha clave del contratista favorecido.
Recursos en juego
El contrato en disputa no solo compromete recursos nacionales, sino que también incluye aportes internacionales, específicamente de los Estados Unidos, destinados a la erradicación de cultivos ilícitos en Colombia. Los veedores han expresado su preocupación por el manejo irregular de estos fondos y han exigido un proceso transparente y conforme a la ley.
Peticiones de transparencia y acciones judiciales
La veeduría ciudadana ha hecho un llamado a las autoridades para que se revise el proceso de contratación y se tomen las medidas necesarias para garantizar la transparencia y el debido proceso. Reyes y su equipo han solicitado que la licitación sea declarada desierta debido a las irregularidades presentadas por ambos oferentes y han pedido que se tomen acciones judiciales en contra de los funcionarios involucrados.
Comparaciones con el escándalo de la UNGRD
Este caso ha sido comparado con el desfalco que ocurrió en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), donde también se perdieron grandes sumas de dinero debido a irregularidades en la adjudicación de contratos. Los veedores advierten que si no se actúa a tiempo, este nuevo escándalo podría tener consecuencias igualmente graves para las finanzas del país.
Expectativas sobre el futuro del proceso
A medida que continúan las investigaciones, la presión sobre las autoridades para que actúen de manera diligente y transparente crece. La veeduría ciudadana, liderada por René Reyes, ha asegurado que seguirá vigilando de cerca el desarrollo de este caso y continuará denunciando cualquier irregularidad que pueda surgir en el proceso de adjudicación.
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El caso de la licitación PN DIRAN LI 049 2024 pone en evidencia los problemas estructurales que enfrenta el sistema de contratación pública en Colombia, especialmente en sectores tan delicados como la lucha contra el narcotráfico y la erradicación de cultivos ilícitos. La transparencia y la rendición de cuentas son elementos esenciales para garantizar que los recursos destinados a estos esfuerzos no caigan en manos equivocadas.
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