La organización no gubernamental HWR, dedicada a la defensa de los derechos humanos, le reclama al Gobierno colombiano por las falencias en el sistema de prevención que no está cumpliendo con la protección de los líderes sociales.
El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco Inostroza, emitió un comunicado en el que le pide potestad de decisión a la Corte Constitucional de Colombia. Esto debido a las irregularidades que vienen afectando los derechos de líderes sociales del país. De este modo la ONG demanda un pacto nombrándolo “Amigo del Tribunal” para que la Corte tenga en cuenta los argumentos y parámetros internacionales que presenta HRW en sus informes, exigiendo la documentación de los asesinatos de los defensores sociales en los últimos cinco años.
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Debido a las deficiencias por parte del Gobierno para evitar el aumento de las cifras de muertes, Vivanco Inostroza anuncia que el seguimiento de estos hechos y los planes gubernamentales planteados para proteger a las comunidades está siendo demasiado lento. El director para las Américas de la ONG advierte que existen muy pocos fiscales, jueces e investigadores en las áreas más afectadas por estos asesinatos. “Hasta la fecha, no se ha establecido un equipo especial de jueces, anunciado por el presidente Duque en mayo de 2019 para juzgar casos relacionados con asesinatos de defensores de Derechos Humanos», afirma José Miguel Vivanco.
Lideres sociales asesinados
Asimismo, en el informe presentado a la Corte se manifiesta que «la capacidad es limitada por parte de los órganos especiales creados en virtud del acuerdo de paz para manejar estos casos, incluida la Unidad de Investigación Especial y el Equipo Élite de la Policía». De este modo se denota un grave problema en las estrategias implementadas en los últimos años, ya que las autoridades colombianas no están ejecutando los métodos propuestos en virtud del acuerdo de paz de 2016.
Otro de los problemas que resalta Vivanco Inostroza se refiere a «la gran cantidad de mecanismos de protección, que difunden recursos y despilfarran esfuerzos”. El informe cuenta con 127 páginas y fue entregado con la intención de exigir una solicitud para que la ONG pueda realizar un seguimiento periódico de las acciones de las autoridades colombianas para controlar la problemática.
Con información de: RCN Radio
Por: Estefanía Pedraza Bautista
Instagram: @Jooberglo
Imagen: El Diario
