La Corte Suprema de Justicia acaba de enviar la investigación que adelantaba contra Richard Aguilar, a manos de la Fiscalía. Esto ocurre tras la renuncia a su fuero como congresista.
Esta decisión se produjo en atención a que Richard Aguilar renunció a su curul en el Senado de la República y los hechos por los que se le investigan son ajenos a su fuero como congresista.
Le puede interesar: Avanza proyecto que regula el consumo de cannabis para adultos
Ahora, la investigación queda en manos de la Fiscalía General, que originó la captura de Richard Aguilar por su supuesta autoría en los delitos de concierto para delinquir, peculado, interés indebido y contratos sin requisitos legales.
Según la Corte, el excongresista es investigado por las presuntas irregularidades en la contratación del reforzamiento de la estructura de la Villa Olímpica del estadio Alfonso López de Bucaramanga.
Según información del alto tribunal, “estos hechos también lo involucran con una posible concertación para delinquir y en los cuales al parecer abusó del poder que ostentaba y vulneró los principios de economía, planeación, transparencia y selección objetiva, fruto de lo cual se haría apropiado para sí y para otros – de dineros públicos”.
Caso de Richard Aguilar
Los testigos en contra de Aguilar son Yaneth Toledo Bermúdez, exsecretaria de Infraestructura en la Gobernación, y su esposo Lenin Darío Pardo, quien, señala la investigación, recibía instrucciones del entonces gobernador Aguilar y de otros funcionarios sobre los procesos de contratación y a quienes se debía favorecer con la adjudicación de las millonarias obras.
Aguilar fue capturado el pasado 27 de julio en su vivienda ubicada en inmediaciones del Parque de la 93, en el norte de Bogotá y en la actualidad se encuentra recluido en el Batallón de Artillería No. 13 de la capital del país.
Se trata del mismo batallón en el que se encuentra privado de la libertad su papá, el también exgobernador de Santander, coronel Hugo Heliodo Aguilar Naranjo.
El exmandatario se encuentra cumpliendo una condena de nueve años de prisión que le impuso la Corte Suprema de Justicia por sus nexos con grupos paramilitares y la alianza política que firmó para llegar a la Gobernación de Santander.
Con información de: La FM
Por: Alejandra Fuentes
Instagram @alejaf97
Imagen Semana