La Sección Primera del Consejo de Estado negó una tutela interpuesta por el senador y precandidato presidencial Gustavo Petro, en contra del Presidente de la República.
Dicha tutela pedía que no sancionara la modificación del Código Disciplinario Único. En la acción judicial radicada en julio pasado, el líder de la Colombia Humana señala que el proyecto avalado por el Congreso para modificar la ley 1952 de 2019 (Código Disciplinario) afectan directamente sus derechos fundamentales e iría en contravía de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
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En concreto, Gustavo Petro decía que se desconocía el fallo del 8 de julio de 2020 del organismo interamericano que en ese momento declaró responsable al Estado colombiano por vulnerar sus derechos fundamentales con el fallo emitido en 2013 por la Procuraduría General que lo destituyó e inhabilitó por 15 años para ejercer cargos públicos por las irregularidades que se presentaron en la planeación y puesta en marcha del modelo de aseo de Bogotá cuando fue alcalde de Bogotá.
Para Petro, la modificación del Código Disciplinario desconoce lo ordenado por el organismo internacional cuando se le ordenó al Estado “adecuar, en un plazo razonable su ordenamiento jurídico interno a los parámetros establecidos”.
Niegan tutela
La Corte Interamericana de Derechos Humanos también estableció que la Procuraduría no podía destituir funcionarios públicos que fueron elegidos a través de voto popular debido a que esa decisión solo puede ser tomada por un juez penal.
El presidente de la Corporación Excelencia a la Justicia, Hernando Herrera Mercado le dijo a este diario hace unos meses que el proyecto radicado ante el legislativo busca “acentuar y ajustar” el esquema institucional colombiano conforme a las funciones de la Procuraduría a lo que dictaminó el fallo internacional.
A la postura del alto tribunal se sumaron los congresistas Roy Barreras, Angélica Lozano, Iván Cepeda, Antonio Sanguino, Gustavo Bolívar, Alexander López, Guillermo García, Roosevelt Rodríguez, Wilson Arias y Alberto Castilla quienes a través de una misiva dirigida al Senado expusieron su descontento sobre la aprobación del proyecto debido a que, a su juicio, convierte a la Procuraduría en “policía política sin control” y esto conlleva a un “grave” daño a la democracia.
Con información de: El Espectador
Por: Alejandra Fuentes
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Imagen El Tiempo