El ex gobernador de Sucre y embajador de Colombia en Chile entre 2002 y 2004, Salvador Arana, fue procesado por la Corte Suprema de Justicia por la desaparición forzada y homicidio de Eudaldo León Díaz, exalcalde de Roble (Sucre).
A través de la resolución 000722 de 2020, La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, aceptó la solicitud de sometimiento de Arana como agente de Estado diferente a miembro de la fuerza pública. Se le negado el beneficio de libertad transitoria, condicionada y anticipada.
Arana, quien ya cumple 10 años de condena, fue procesado por la Corte Suprema de Justicia por la desaparición forzada y homicidio de Eudaldo León Díaz, exalcalde de Roble (Sucre), concierto para delinquir agravado por colaborar con el Bloque Montes de María de las Atodefensas Unidas de Colombia (AUC), y peculado por apropiación y falsedad ideológica por desviar fondos de las regalías del departamento de Sucre a grupos armados al margen de la ley.
“Una propuesta muy general y sin observar los aspectos advertidos al ser ejecutada podría resultar revictimizadora por la naturaleza de las violaciones a los derechos humanos y al DIH ocurridas”, determinó la resolución.
Ahora el político deberá organizar el compromiso concreto, programado y claro, de acuerdo con las indicaciones y parámetros establecidos por la Sala, para que sea entregado en un plazo de diez días hábiles.
El primer compromiso del político afirmó que será brindar información “fiel, veraz y comprobable acerca de la realidad socio-política, económica y militar del conflicto, específicamente con el fenómeno del paramilitarismo que se tomó ‘la política sucreña’, en algunos casos con amenazas y otros con complacencia y complicidad de muchos líderes de la región”.
Además, indicó que puede ofrecer información desconocida sobre el manejo de las alcaldías del Golfo de Morrosquillo, “en relación con la administración de regalías y que, desde su condición de médico, especialista en gerencia de salud, puede aportar información acerca de la manera cómo las organizaciones paramilitares infiltraron el sistema público de salud, con el fin de extraer recursos para financiar su campaña militar y política”.
Incluso se refirió a que existen circunstancias y condiciones del asesinato del exalcalde Edualdo Díaz que la justicia ordinaria desconoce y que él revelará.
Sobre las víctimas y su reparación, Arana aseguró que, por haber estado privado de la libertad durante diez años, “no podría ofrecer para reparar inmaterialmente a las víctimas del conflicto ‘son despreciables’, pero se comprometió a ejecutar los proyectos, buscar su financiamiento”.
Habló de contribuir en la formación de gestores de derechos sexuales y reproductivos para la prevención de embarazos en adolescentes, un programa que, para él, tiene relación con el marco del plan de desarrollo regional de Sucre. También mencionó el apoyo para el establecimiento de cinco hectáreas de ajonjolí para la generación de empleo y seguridad alimentaria con familias víctima restituidas.
La JEP solicitó a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) contactar a las víctimas del político para que entren a la Jurisdicción en calidad de interviniente en el proceso y explicarles que pueden tener un abogado del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD).
Con información de: El Espectador
Por: Rider Colina Castro
Instagram: @Colinar31
Imagen: El Heraldo
