Esta semana se dio a conocer la sentencia en contra de Daneidy Barrera, conocida en redes sociales como Epa Colombia. La revelación del veredicto en contra de la influenciadora ha generado la indignación de miles de personas que lo ven como un castigo desproporcionado a las acciones cometidas y para muchos es una confirmación del sesgo en la aplicación de justicia en un país desigual, que adapta la fuerza de sus leyes en función de la proveniencia de los procesados. Mientras que, para otros, particularmente los administradores del sistema penal, no es más que la consecuencia ineludible de conductas reprobables de la vida en democracia y un acto que persuadirá a muchos antes de tomarse las calles con violencia. Por increíble que parezca, en el fondo esta es una discusión sobre nuestro sistema de justicia.
En medio de la reciente convulsión social y la propagación del descontento popular encarnado en multitudinarias manifestaciones contra el gobierno y en vista de las constantes víctimas resultantes del indiscriminado accionar de las autoridades, se ha puesto de presente en diferentes dimensiones de la sociedad el debate sobre el uso proporcional de la fuerza ¿Hasta dónde está justificada la destrucción del bien público cómo hecho principal de las protestas? ¿Cuál debería ser la labor de los cuerpos del Estado en las marchas? ¿A qué se le puede denominar un acto de fuerza proporcional en medio de semejantes circunstancias?.
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Similar es la posición en la que se encuentra la influenciadora y empresaria Daneidy Barrera, un caso con hechos difuminados por las interpretaciones de la Fiscalía y el enfurecimiento de la población en lo que son dos posturas aparentemente irreconciliables ¿Hasta qué punto las acciones de Epa Colombia son merecedoras del calificativo de terroristas? ¿Cuál es el objetivo de la imposición de una sanción a todas luces dispar?
La posición de la justicia colombiana en el caso de Epa Colombia solo puede ser entendida como un apoyo irrestricto al proyecto político oficialista desde esa rama del poder, un proceder con el que se espera persuadir a la población para que esta no se manifieste, primero a través del uso desproporcionado de la fuerza en las marchas, con los cientos de heridos y las decenas de muertos a manos de la policía y el ESMAD, y ahora en los estrados por medio de un fallo ejemplarizante contra una figura pública que pretenden exhibir como escarmiento para todos aquellos que osen salir a las calles a participar de los desórdenes derivados de la mala gestión de un gobierno irreflexivo, mentiroso e incompetente.
Por esto no es de extrañar que las personas reaccionen con vehemencia y desprecio por la autoridad cuando ven con estupor los señalamientos realizados a Epa Colombia, no es posible evitar ver con cierta desconfianza los resultados del ejercicio de la ley, cuando en el país estamos llenos de casos muchísimo más graves y que han obtenido penas inferiores que son condonadas posteriormente gracias a las hábiles intervenciones de abogados que solo pueden costearse los más poderosos. Y es que precisamente esa comprobación de la estupidez y falta de ética de los gobernantes es el detonante primordial de los estallidos sociales, del inconformismo y de la frustración traducida en violencia en las calles que se inundan en rechazo a esos políticos presos de su egolatría y que contagian la falta de cordura a una sociedad que, contrario a lo esperado, está dispuesta a defender con sangre lo que ellos esperan arrebatarle con miedo.
Seguramente este no es el caso más flagrante de injusticia del que se tenga registro en nuestra triste historia patria, pero es un incidente visible a todos los niveles, que rebate peligrosamente el paradigma de los sentenciados, cuando el condenado por la ley es el bueno de la historia es porque algo anda muy mal en nuestro sistema, y mantenernos en la mediocre insistencia de este modelo de justicia tendenciosa y segregadora solo nos llevará a límites donde el uso desproporcionado de la fuerza estará justificado para terminar con los atropellos y arbitrariedades de una ley sin sentido común, ojalá por el bien de todos esta locura no termine por materializarse.
Por: Juan Ramírez
Instagram: @sebasragut
Imagen: Forbes
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