La justicia y cualquier proceso de restitución de derechos o de reparación debe estar centrada en la víctima. Esto es importante aclararlo, antes de exponer el punto central de esta columna, porque en nuestro país se suelen justificar actos violentos culpando a las víctimas: el “ a que está jugando una niña en minifalda” de Andrés Jaramillo o “Si Rosa Elvira Cely no hubiera salido con dos compañeros de estudio después de terminar sus clases en horas de la noche, hoy no estuviéramos lamentando su muerte» de la Secretaría de Gobierno en la Alcaldía de Peñalosa son algunos ejemplos de esto.
Aunque el hecho que conmocionó al país involucra a una niña de 11 años y justificar su culpabilidad o incluso su consentimiento es un acto reprochable y que carece de sentido común, aquí no vamos a profundizar mucho en esto, y no lo hago porque no crea que sea importante sino porque de esto se escribió mucho y poco se está hablando sobre los perpetradores o victimarios.
Partimos de identificar a los militares a quien la fiscalía le imputó cargos: Juan Camilo Morales Poveda, Yair Stiven González, José Luis Holguín Pérez, Juan David Guaidi Ruiz, Oscar Eduardo Gil Alzate, Deyson Andrés Isaza Zapata y Luis Fernando Mangareth Hernández. Según el comodante del ejercito, el general Eduardo Zapateiro, los implicados son jovenes entre 18 y 20 años que estaban prestando el servicio militar obligatorio.
Cuando conocí el perfil de los violadores, fueron mucho los interrogantes que empezaron a transitar en mi cabeza: ¿Quiénes están ingresando a la fuerza pública? ¿Les pondrán un rifle y los enviarán a territorio, así no más? ¿ Será un problema exclusivo en la fuerza pública? ¿El poder es el determinante en su actuar? ¿Es el patriarcado? ¿Aquí la educación qué papel jugó? Al final todas las preguntas llegaron o se pudieron sintetizar en esta pregunta: ¿Qué errores cometimos como sociedad para que algunos de nuestros jóvenes pudieran actuar de esa manera?
Intentar resolver esa pregunta podría ser una tesis doctoral. Sin embargo, su discusión es más que necesaria en un momento de crisis en la que también se conjugan las demandas que se venían gestando a raíz del Paro Nacional.
Para empezar la discusión tenemos que partir de algo que puede sonar repetitivo y es reconocer que este no es hecho aislado o un asunto de “manzanas podridas”. El siguiente paso es asumir la gravedad del hecho. No solo por tratarse de un sujeto al que se le vulneraron sus derechos por ser niña, sino también por ser mujer, indígena y pobre. Mi preocupación porque la discusión invisibilice a los perpetradores parte de que allí está el origen del problema. Jóvenes, nada inocentes, que hace muy poco se graduaron del colegio, como creo que así sucedió, se visten de camuflado y con arma en brazo se sienten con la capacidad de violar a una niña. ¡Eso es lo que a mí me atormenta!
Me adhiero a la tesis que argumenta que esto es un problema estructural e incluso cultural. Ahora bien ¿ Qué hacemos para empezar a reformar o reinventar instituciones públicas que velen porque esto vaya cambiando así sea progresivamente? o ¿ Cómo hacemos para que los derechos de verdad se empiecen a garantizar y tengan un efecto real en las personas?. Me surge una pregunta que puede convertirse en propuesta ¿ A alguien aquí le dieron una Educación Sexual Integral ? ¿Serviría esto para reducir tantos crímenes de odio (homofobia o transfobia) o sexuales en Colombia?
No se si estos “monstruos” dejarían de existir con un verdadero programa de Educación Sexual Integral pero sé que por lo menos las víctimas tendrían mejores herramientas para identificar a un agresor. Hoy, que muchos hablan de que la escuela no va a ser lo mismo que antes, espero que estén contemplando un cambio en esta vía.
Por: Diego Cuesta
Twitter: DiegoACuestaC
Imagen: DW
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