Más de mil personas respaldan una petición para implementar estándares de eficiencia energética vehicular y mitigar los altos costos en salud pública.
La crisis ambiental en Colombia ha alcanzado un punto crítico: el 99,3% de la población respira aire contaminado. Esta situación no solo afecta el bienestar físico de los ciudadanos, sino que genera un impacto económico devastador. Solo en Bogotá, los costos relacionados con la mala calidad del aire, que incluyen gastos médicos, pérdida de productividad y muertes prematuras, superan los 4 billones de pesos anuales. Ante este panorama, una movilización ciudadana ha recolectado más de mil firmas para exigir al Gobierno nacional la adopción urgente de un estándar de eficiencia energética vehicular que regule las tecnologías que ingresan al país.
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La entrega de estas firmas se realizó durante la intervención urbana RESPIRA LA VERDAD, un ejercicio de pedagogía que utilizó proyecciones de gran escala en las vías principales de la capital. La iniciativa busca que Colombia se alinee con países como Chile, México y Brasil, que ya cuentan con normativas para modernizar sus parques automotores. Actualmente, el mercado colombiano permite la entrada de vehículos con tecnologías superadas hace más de dos décadas en otros países, lo que perpetúa la emisión de gases nocivos y agrava la problemática de salud pública.
Impacto en la salud y la necesidad de modernización tecnológica
Expertos en salud y movilidad coinciden en que el sector transporte es el principal emisor de contaminantes atmosféricos. La implementación de tecnologías vehiculares más limpias no solo reduciría la mortalidad, sino que representaría un ahorro directo para los hogares colombianos. Según los datos presentados, el costo de operación de un vehículo eléctrico puede ser hasta un 50% menor en comparación con uno de gasolina, sumado a la reducción en gastos de mantenimiento.
Citas textuales sobre la crisis del aire
La preocupación social se fundamenta en la evidencia técnica que vincula directamente la calidad del aire con la sostenibilidad económica y el bienestar social del país.
“La preocupación por la calidad del aire no es sólo técnica, es una preocupación ciudadana. Las más de mil firmas que entregamos reflejan el respaldo social a medidas que permitan reducir la contaminación y proteger la salud de las personas”, señaló Alejandra Ucrós, directora de programas de Movilizatorio.
Por su parte, la Asociación Colombiana de Salud Pública enfatizó la urgencia de cambiar el modelo de movilidad para salvar vidas:
“La contaminación del aire representa uno de los mayores riesgos para la salud pública en el mundo. La evidencia muestra que avanzar hacia sistemas de transporte menos contaminantes es una de las medidas más efectivas para reducir enfermedades y muertes asociadas a la mala calidad del aire”, señaló Carol Bernal, presidenta de la asociación.
En la misma línea, se destacó el impacto global de este tipo de políticas:
“Se estima que la adopción de políticas orientadas a reducir la contaminación proveniente de los combustibles fósiles podría evitar cerca de 6,7 millones de muertes al año en el mundo. Apostar por tecnologías vehiculares más eficientes no solo es una decisión ambiental, sino una inversión en salud pública y bienestar social”, señaló Alexander Salazar, miembro de la asociación.
Un mensaje claro para el Gobierno nacional
La movilización ciudadana espera que este respaldo social sea el insumo necesario para que el debate público sobre la regulación ambiental avance hacia decisiones institucionales concretas. La modernización vehicular se presenta como la solución más viable para reducir la huella de carbono y aliviar la carga financiera que hoy asume el sistema de salud colombiano por afecciones respiratorias.
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“La ciudadanía está enviando un mensaje claro: queremos vehículos que contaminen menos, que cuiden nuestra salud y que representen un futuro más sostenible para el país. Ahora es el momento de que las decisiones públicas estén a la altura de esa demanda social”, agregó Alejandra Ucrós.
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