Los jóvenes estudiantes colombianos han sufrido durante los últimos 22 años (desde 2020 hasta 2022) la estigmatización y persecución por parte del Estado y grupos paramilitares, a causa de sus posturas políticas o su activismo social. Esto lo relevó la reciente investigación de la Unidad de Investigación Periodística (UIP) del Politécnico Grancolombiano llamada ‘Criminalización de estudiantes en Colombia’.
Los datos, casos y testimonios de esta investigación tienen como fuente principal las bases de datos de la Fiscalía General de la Nación, estos indican que, entre los años 2000 y 2022, se abrieron aproximadamente 10.931 procesos judiciales a jóvenes y estudiantes entre 15 y 26 años por delitos como rebelión (9.486 casos) y terrorismo (1.445 casos). De hecho, del total de casos, el 42 % se encontró en etapa de instrucción, el 34 % en indagación y un 5 % en investigación preliminar; es decir, el porcentaje más alto de los casos no llegó a una investigación. A juicio solo llegó un 5 % y a ejecución de pena el mismo porcentaje.
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No deja de llamar la atención que, del total de jóvenes procesados por rebelión y terrorismo, la mayoría (8.216 casos) ocurrieron entre el 2000 y 2011, periodo en el que comenzó la implementación y se estableció la llamada seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe; mientras que, para el periodo de 2012 a 2018 fueron 2.225 casos y del 2019 a 2022 fueron 460. Además, en la investigación se evidenció que los estudiantes hombres han sido los mayores imputados, con 8.769 casos; frente a los 2.161 casos de mujeres.
“En 22 años el Estado no ha logrado demostrar la culpabilidad del 95 % del total de jóvenes señalados por rebelión y terrorismo, entre los que cuentan casos que ya se cerraron, unos pocos que aún esperan un fallo o que fueron declarados inocentes. Cabe anotar, además, que, aunque esta cifra es aterradora y elocuente, no refleja la verdadera dimensión del fenómeno”, aseguró Lizeth León, periodista que trabajó de la mano con los estudiantes investigadores del Politécnico Grancolombiano. Se señaló que estas historias suelen ser vistas como hechos aislados o representaciones exclusivas de una de estas tipologías, pero pueden estar conectadas.
Cifras alarmantes frente a esta problemática
La concepción misma del delito de rebelión y su tránsito discursivo al de terrorismo llama la atención. Según el Código Penal, incurrirán en rebelión “los que mediante el empleo de las armas pretendan derrocar al Gobierno Nacional, o suprimir o modificar el régimen constitucional o legal vigente”. Se trata de un delito político que no penaliza el uso de las armas en sí mismo, sino su finalidad.
Esto explica el porqué de los 3.491 casos de rebelión examinados entre 2000 y 2018, en los que se encuentra información sobre los supuestos vínculos de los jóvenes con grupos armados (5.791 no registra información sobre el grupo armado), solo 17 aparecen vinculados con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), 2 con las Bacrim y 2 con otros grupos paramilitares. En el periodo 2019-2022, de 212 casos por rebelión, 150 aparecen sin información del grupo armado, 45 vinculados con el Ejército de Liberación Nacional, 6 con otros grupos armados organizados de los que no hay referencia, y 3 con lo que en las bases de datos entregadas por Fiscalía nombran como “otras guerrillas”. No hay mención a grupos paramilitares como sí ocurre con los casos revisados entre el año 2000 y 2018.
Sucede lo mismo con los casos de terrorismo, a pesar de que no es un delito político y su tipificación es distinta. De acuerdo con el Código Penal, incurre en terrorismo “el que provoque o mantenga en estado de zozobra o terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o las edificaciones o medios de comunicación, transporte, procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices, valiéndose de medios capaces de causar estragos”. Bajo esta descripción, buena parte de las acciones violentas de los grupos armados y del propio Estado, en el marco del conflicto, serían terrorismo. Sin embargo, las bases de datos otorgadas por la Fiscalía muestran que se aplica bajo los mismos criterios políticos del delito de rebelión.
Falso positivo judicial
La criminalización de estudiantes a través de recursos jurídicos que los jóvenes deben enfrentar es un fenómeno complejo, no solo porque en él intervienen diferentes actores e intereses, sino porque tiene diferentes tipologías como: judicializaciones y detenciones arbitrarias, desapariciones y muertes en hechos confusos, hostigamiento, exilio y estigmatización.
Una de las víctimas es Mateo Gutiérrez León, estudiante de sociología de la Universidad Nacional, quien fue capturado y acusado el 23 de febrero de 2017, de instalar y detonar una bomba panfletaria en Bogotá, en hechos ocurridos en 2015. Paralelo a su detención, fue presentado por los medios de comunicación como miembro del Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP) y responsable de más de una decena de atentados. Desde entonces y durante casi dos años, tuvo que responder por los delitos de hurto agravado, concierto para delinquir, fabricación y porte ilegal de armas, y terrorismo, hasta que logró probar su inocencia y ser absuelto por un juez.
“Aunque la frontera entre rebelión y terrorismo no es difusa en su definición, en la práctica hay una correlación entre los dos delitos, incluso en los registros de la Fiscalía. Por ejemplo, Mateo Gutiérrez tiene como delito asociado el de rebelión, a pesar de que formalmente no se le imputó y, en cambio, sí se le acusó por terrorismo. Frente a este tipo de incongruencias, la Fiscalía informó que el registro de cada caso dependía del fiscal que recibía inicialmente el proceso. Esto quiere decir que el fiscal que recibió el caso de Mateo le asignó arbitrariamente el delito equivocado, dejando en duda si fue por un error individual o por una política extendida”, explicó Juliana Castellanos, directora de la Unidad de Investigación Periodística del Politécnico Grancolombiano.
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Este no es el único vacío en los datos, ya que cuándo la UIP revisó en las bases entregadas por la Fiscalía los nombres de jóvenes cuyos procesos conocían de antemano, no estaban registrados porque los fiscales omitieron datos relevantes como la edad, el género y el nivel de escolaridad. “Este vacío en la información oficial hace que la tarea de documentación y sistematización no sea fácil; por eso, las bases de datos no dan cuenta de la real presencia del fenómeno, esto ha generado que cientos de jóvenes sean catalogados como terroristas y/o guerrilleros, generalmente por sus ideologías de izquierda, por eso han sido criminalizados, perseguidos, estigmatizados y señalados, sin importar la constante amenaza y violación de Derechos Humanos” concluyó Castellanos.
Consulte toda la investigación aquí: https://criminalizacionestudiantes2.poligran.edu.co/index.html#
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