La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente impulsada por el gobierno de Gustavo Petro no es una búsqueda noble de modernización institucional, sino una estrategia política para reescribir reglas en beneficio de una mayoría temporal. El borrador de proyecto publicado por el Ejecutivo revela más intención de moldear el Estado a conveniencia que voluntad de construir un pacto amplio y duradero; la premura y el tono del anuncio evidencian que el objetivo real es legislar hegemonía, no consensos.
Convocar una constituyente sin establecer límites claros, calendarios inviolables y salvaguardas técnicas es abrir la puerta a la captura institucional. Las constituciones no son instrumentos tácticos de campaña: son arquitectura de convivencia. Cuando un partido o una coalición usan la constitución como herramienta de poder coyuntural, el daño es doble y persistente: concentran facultades hoy y desinstitucionalizan la competencia política mañana. Ese daño no se corrige con una reforma posterior, porque la confianza y la previsibilidad jurídica, una vez quebradas, tardan generaciones en restaurarse.
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La amenaza inmediata es la reconfiguración de pesos y contrapesos. Reformas hechas a la medida suelen incluir modificaciones al diseño de órganos independientes: cortes, tribunales, fiscalías y organismos de control. Cambios sutiles en reglas de nombramiento, duración de mandatos o atribuciones administrativas multiplican la discrecionalidad del Ejecutivo y erosionan la independencia judicial. La mayoría que hoy aprueba una enmienda puede mañana imponer criterios que bloqueen sanciones, modifiquen competencias y reduzcan la rendición de cuentas a formalidades sin contenido. Esa es la esencia de la parcialización: no se busca mejorar el funcionamiento del Estado, se busca garantizar impunidad y continuidad política.
La inestabilidad económica es una consecuencia inevitable. Los mercados no valoran promesas retóricas; responden a incentivos y a previsibilidad institucional. La sola perspectiva de una reforma constitucional parcializada aumenta el riesgo regulatorio y la prima de incertidumbre, incentiva la salida de capitales y frena inversiones estratégicas. La clase trabajadora y los sectores más vulnerables pagan la cuenta: pérdida de empleo, contracción del crédito y deterioro de servicios públicos. Quien proponga una constituyente sin medir esos costos demuestra, en el mejor de los casos, miopía política; en el peor, desprecio por las consecuencias sociales de su proyecto.
La historia reciente ofrece ejemplos claros de cómo las reformas constitucionales, cuando están parcializadas o dominadas por mayorías momentáneas, facilitan regresiones democráticas y concentración de poder. No se necesita idealizar casos para ver el patrón: cambios constitucionales diseñados para ampliar mandatos, controlar tribunales o restringir libertades tienden a preludiar procesos de autoritarismo y erosión de derechos. En varios países de la región, la mutación de textos constitucionales ha servido para encubrir prácticas de clientelismo y captura estatal, y la lección es siempre la misma: una constitución instrumentalizada deja de ser marco de convivencia y se convierte en herramienta de reparto.
La parcialización de la constitución también corroe la democracia desde adentro al convertir la ley suprema en botín. Cuando la ciudadanía percibe que la constitución puede alterarse según apetito de quien gobierna, el sentimiento de pertenencia al contrato social se pierde. La deslegitimación del orden jurídico alimenta cinismo, polarización y desafección. La política, en vez de aspirar a elevar el debate, se encierra en hostilidades identitarias y en batallas por ventajas estructurales. Eso no es transformación; es degradación de la vida pública.
La hoja de ruta responsable es otra y exige disciplina institucional: diagnóstico público, reformas sectoriales mediante Leyes Orgánicas y enmiendas con consenso multipartidista, comisiones técnicas con expertos independientes y mecanismos de participación ciudadana que garanticen deliberación informada. Si existe una agenda de modernización real —por ejemplo, mejora de la justicia, reforma electoral o protección efectiva de derechos— debe abordarse con reformas puntuales y reglas que blindan los principios esenciales de la Constitución. La constituyente puede ser justificada solo en contextos de fractura profunda y con diseños que protejan derechos inalienables mediante mayorías calificadas y procedimientos de validación ciudadana.
Quienes impulsan la constituyente con fines parcializados suelen usar dos estrategias: primero, vender el proceso como “refundación” moral y técnica, y segundo, presentar la oposición como obstruccionista o enemiga del pueblo. Ambas son falacias retóricas destinadas a reducir la discusión democrática. El auténtico republicanismo exige debatir públicamente, con evidencia y sin atajos emocionalmente movilizados. El camino del todo o nada, de la convocatoria exprés y de las reglas cambiantes, es la vía corta hacia la concentración de poder y la pérdida de derechos.
La responsabilidad de la oposición y de los actores sociales es clara: oponerse a cualquier proceso que carezca de garantías mínimas de pluralismo, transparencia y límites judiciales efectivos. La responsabilidad del gobierno es igualmente ineludible: demostrar que el propósito no es partidista, que admite controles y que acepta cláusulas irreversibles en materia de derechos fundamentales. Hasta ahora, la narrativa oficial ha privilegiado el simbolismo transformador por encima del diseño institucional, lo que obliga a la crítica y a la desconfianza.
Exigir transparencia no es ser conservador por definición; es defender la noción Republicana de que la constitución debe proteger a todos, no sólo a quienes detentan el poder. La política que busca cambios profundos debe aceptar dos mandatos simultáneos: transformar y respetar. Transformar sin respetar es desorden; respetar sin transformar es resignación. La madurez política consiste en armonizar ambos imperativos.
Finalmente, la lección para Colombia es elemental: una constituyente diseñada por y para un gobierno es un atajo para la hegemonía, no una vía para la justicia social. Quienes propugnan un proceso constituyente deben entender que la legitimidad solo se construye con pluralismo, límites, transparencia y mecanismos de reversibilidad. De lo contrario, la “transformación” será el nombre elegante de una usurpación constitucional, y la historia juzgará con dureza a quienes, por buscar ventajas de corto plazo, hipotecaron la institucionalidad y el bienestar de las generaciones venideras.
La política responsable exige prudencia, no arrogancia; diálogo, no decreto; instituciones fuertes, no ley a la medida. Colombia merece reformas que eleven la democracia, no atajos que la empobrezcan.
¡No a la reforma!
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Por: Jean Carlos Guerra
Instagram: @jeanguerra.95
Imagen: Freepik
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