En el transcurso de esta semana se conoció a través de una investigación liderada por la Fundación para la Libertad de Prensa) que el gobierno del presidente Iván Duque realizaba seguimientos a las redes sociales de cerca de 450 influenciadores colombianos, esto como parte de un contrato de monitoreo establecido con la firma Du Brands Marketing group. En el documento se encuentran los nombres de usuarios de Twitter con mayor influencia en esta red social y que hacían mención del gobierno en sus perfiles, interacciones por las que eran clasificados en tres categorías: Positivo, neutro y negativo. El asunto escaló rápidamente y se volvió tendencia en los medios de comunicación en los que se pudo ver la preocupación por los “perfilamientos” del angustiante anexo n° 12.
Este documento se hizo público a través de un derecho de petición extendido al gobierno nacional por parte de la FLIP, esto con motivo de la realización de una investigación sobre el gasto destinado a la publicidad oficial del presidente y que hace parte de la iniciativa Pauta Visible. Dentro de la respuesta al derecho de petición se encuentra el anexo sobre el que se erigió la polémica.
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Cuando la FLIP publica la lista de influenciadores, se refiere a ella como perfilamientos, añadiendo un nivel de paranoia que no se corresponde con la realidad de la lista que entregó el gobierno. Sí bien en un primer momento puede ser intrigante la razón por la que el gobierno habría pedido la elaboración de lista con los nombres de los principales opositores, críticos y líderes de opinión, las razones son mucho menos aterradoras que las que fueron elucubradas por quienes se vieron reflejados en el listado. El contenido de la lista reflejaba una clasificación de cada perfil en cuatro diferentes categorías: Positivo, negativo, neutro y N/A (No aplica, para casos en los que las cuentas no tuvieran menciones referentes al gobierno). La clasificación exponía el tono de las menciones realizadas por cada influenciador a lo largo de siete meses, específicamente del período comprendido entre los meses de junio a diciembre del año 2019.
Este documento, elaborado como una de las obligaciones del contrato suscrito entre Du Brands y el Estado colombiano, por sí solo no es prueba de ningún tipo de perfilamiento ya que en él solo se tiene en cuenta una variante cualitativa orientada a definir la percepción del gobierno nacional en redes sociales según los comentarios emitidos por los perfiles con mayor influencia y alcance, algo que comprueba la hipótesis inicial del mismo ejecutivo al iniciar la indagación sobre su imagen, motivo principal de la contratación de Du Brands, que no es un grupo de seguridad privada ni una empresa especializada en inteligencia, es una firma de marketing dedicada a evaluar y diseñar estrategias de comunicaciones, no a perfilar y perseguir a la oposición, como algunos han sugerido. Por un momento parece que la aspiración de los tuiteros colombianos es ser interceptados por la autoridad de turno para justificar su delirio de persecución, desviando la atención del verdadero problema.
El verdadero inconveniente con los monitores es la naturaleza con la que procede el gobierno en su gestión de comunicaciones. La primera cuestión responde a motivos más de fondo que de forma, una gestión del ejecutivo orientada a dar resultados a nivel de imagen corporativa, como si el gobierno fuera un negocio privado que necesita la protección de sus valores de mercado. El seguimiento de las menciones en medios de comunicación y redes sociales se realiza para conocer la percepción de las personas en dichos medios, con miras a establecer contra medidas o estrategias para mejorar su imagen, una de las obsesiones de esta administración que está mucho más preocupada por hacer ver que todo está bien, que en realmente cumplir correctamente con lo que prometieron en su plan de gobierno, plan del que deben estar seguros no podrán alcanzar los objetivos, así que empiezan con la ejecución de una estrategia que les permita maquillar los resultados de su gestión. Ejemplo de esto es el eufemismo “homicidios colectivos” empleado desde el discurso oficial para intentar suavizar el aumento de la violencia y el horror de las masacres en el país.
La segunda cuestión de la que tanto los medios como las personas en redes sociales deberíamos estar ocupándonos es la ejecución de los recursos del Estado para el favorecimiento de la imagen del presidente Iván Duque. La preocupante ejecución de los dineros es revelada en el primer capítulo de la investigación “La pantalla del presidente Duque y la pauta”, denominado “Duque y su imagen”; reporta que se han destinado más de 20 mil millones de pesos en gastos publicitarios, (7.490 millones en producción y transmisión de contenidos audiovisuales, 7.390 millones para estrategias digitales y de redes, 5130 millones para estrategias de comunicación generales y planes de medios, 118 millones para la producción de material publicitario y 56 millones para la publicación de avisos en medios impresos) donde el 50 % del total de esta inversión proviene del Fondo de Programas Especiales para la Paz, recursos que deberían ser invertidos en la implementación del acuerdo de paz.
Según informa la investigación, el objetivo de gastar cerca de 27 millones de pesos diarios en publicidad durante sus dos años de mandato, responde a la estrategia de comunicaciones del DAPRE (Departamento Administrativo de Presidencia) con la que se esperaba mejorar la imagen de Iván Duque luego de las protestas del paro nacional y multiplicar la presencia del mandatario en medios de comunicación durante la cuarentena, una preocupación que debería ser secundaria para el gobierno que entre otras no ha aprobado la creación una renta básica universal para las personas más necesitadas argumentando el aumento desmedido del déficit fiscal, una posición que contradice el nivel de gasto en áreas que no deberían ser priorizadas en el contexto de crisis socio económica actual.
Duque no está haciendo seguimientos ilegales o perfilamientos de la oposición, lo que sí está haciendo es invirtiendo dineros públicos en el mejoramiento de su imagen, y desviar la atención de la discusión del problema real nos hace cómplices de la estrategias de comunicación distractora de un gobierno tan confundido y fuera de lugar como su oposición.
Por: Juan Ramírez
Instagram: @sebasragut
Imagen: Suzanne Roquette
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