El exgerente de la campaña Petro Presidente y expresidente de Ecopetrol es blanco de una solicitud de revisión financiera por presunto ocultamiento patrimonial.
La situación jurídica e internacional de Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, sumó un nuevo capítulo tras revelarse una denuncia formal radicada ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
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La comunicación, presentada por la organización Misión Colombia Transparente, solicita a las autoridades norteamericanas revisar supuestas estructuras de ocultamiento patrimonial, triangulación de recursos y operaciones financieras de alto valor en el exterior. El expediente habría influido en la decisión del gobierno estadounidense de retirarle la visa de ingreso al país al directivo, en medio de los procesos que también se adelantan en los estrados judiciales colombianos por presuntas irregularidades en la financiación electoral.
Investigación financiera y personas vinculadas
El documento entregado al gobierno estadounidense incluye los nombres de allegados, familiares y sociedades mercantiles que habrían manejado movimientos de dinero durante la coyuntura electoral. Entre las personas mencionadas en la solicitud figuran su pareja sentimental, Carlos Julián Caicedo, además de Joan Sebastián Caicedo, la exconcejal Blanca Inés Durán, Daniel Santiago Peña, Alexis Castro, César Henao Acevedo y Mateo Neira Loaiza.
Asimismo, la denuncia apunta a corporaciones como Bull Ingeniería S. A. S., Cetco S. A. S. y Dacar Lawyers e Investments S. A. S., instando al Departamento del Tesoro a indagar si actuaron como intermediarios o beneficiarios finales en maniobras destinadas a la administración de activos al margen de la ley. Hasta el momento, la presentación del recurso ante la Ofac no constituye una sanción en firme ni una acusación formal por parte de Washington.
Procesos en Colombia y embargos a cuentas del Pacto Histórico
Este panorama internacional se cruza con las decisiones recientes en el ámbito nacional. La Fiscalía General de la Nación mantiene abiertos procesos e imputaciones contra Roa por presuntas anomalías en la financiación de la campaña de 2022, enfocadas en aportes de sindicatos y organizaciones gremiales.
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Adicionalmente, un juzgado de Barrancabermeja ordenó el embargo de cuentas bancarias del Pacto Histórico por una obligación económica pendiente relacionada con servicios de transporte aéreo contratados durante la contienda electoral, incrementando la presión financiera y política sobre los sectores cercanos al movimiento oficialista.
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