Con un promedio de un fallecido cada hora y un costo anual de 10.6 billones de pesos las organizaciones civiles exigen compromisos reales.
Colombia atraviesa el momento más crítico de su historia en términos de movilidad y salud pública. Con un cierre de 9.007 fallecidos en 2025 y una tendencia al alza del 20% en los primeros meses de 2026, la seguridad vial ha dejado de ser un tema técnico para convertirse en una prioridad de Estado. En un país donde circulan más de 21 millones de vehículos, la ausencia de políticas robustas está cobrando la vida de miles de ciudadanos, afectando profundamente el tejido social y la economía nacional. Esta realidad ha impulsado a diversas organizaciones a convocar a los aspirantes a la presidencia para que presenten soluciones concretas, financiables y medibles que detengan esta tragedia evitable en las carreteras del país.
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La magnitud de la crisis vial en Colombia no tiene precedentes y requiere una intervención inmediata desde el más alto nivel del ejecutivo nacional. Las familias pierden a sus hijos, los trabajadores ven truncados sus proyectos de vida y el sistema de salud colapsa ante la atención de más de un millón de lesionados al año. Esta situación plantea un desafío ético y político para quienes aspiran a gobernar el país, ya que la protección de la vida en las vías debe ser el eje central de cualquier plan de desarrollo sostenible. La sociedad civil está exigiendo que la seguridad vial sea tratada como una emergencia nacional que demanda presupuesto, liderazgo y una hoja de ruta clara para los próximos cuatro años. cdxpudx cdlsegundo parrafo
Una cumbre por la vida en la Cámara de Comercio de Bogotá
Ante la gravedad de las cifras, la Liga Contra la Violencia Vial y la Coalición por la Seguridad Vial han citado a las candidaturas presidenciales para el próximo lunes 11 de mayo en la sede Chapinero de la Cámara de Comercio de Bogotá. El conversatorio, titulado «La seguridad vial como política de Estado: liderazgo y voluntad política para proteger la vida», busca que quienes aspiran a dirigir el país asuman el enfoque de Sistema Seguro. Este diálogo abordará frentes estratégicos como la gestión de la velocidad, la creación de infraestructura segura y la atención integral a las víctimas, temas que hasta ahora han tenido un manejo fragmentado y presupuestos insuficientes para la magnitud del problema en las regiones.
La coalición convocante cuenta con el respaldo académico y técnico de la Universidad de los Andes, a través de su iniciativa «Conduce a 50, Vive al 100», junto a organizaciones como Red PaPaz, Dejusticia y Movilizatorio. Esta alianza representa una fuerza civil que combina la investigación basada en evidencia con la defensa de los derechos de las familias afectadas por la violencia en las vías. La meta es lograr que el próximo gobierno no solo reconozca la crisis, sino que establezca metas de reducción de siniestralidad con rendición de cuentas permanente, garantizando que el derecho a la movilidad no signifique una sentencia de muerte para los usuarios más vulnerables del sistema.
El rostro joven de la tragedia vial colombiana
Las estadísticas recientes de Medicina Legal revelan un panorama desolador para las nuevas generaciones de colombianos. El 30% de las víctimas fatales en las vías son niños, adolescentes y jóvenes; de hecho, cada dos días mueren tres menores de edad en siniestros viales a lo largo y ancho del territorio nacional. Para el grupo poblacional entre los 10 y 14 años, la inseguridad vial se ha consolidado como la primera causa de muerte en lo que va del año 2026. Esta crisis generacional exige que el debate presidencial se centre en proteger la vida de quienes apenas comienzan sus proyectos personales, transformando un sistema que actualmente castiga con violencia la movilidad de los más pequeños.
“Hacemos un llamado a las candidaturas presidenciales para que la seguridad vial sea asumida como una política de Estado. Colombia necesita liderazgo, presupuesto y decisiones sostenidas”, afirma Mary Bottagisio, Directora de la Liga contra la violencia vial. Para la experta, las cifras actuales no son simples números en una tabla, sino el reflejo de una crisis de justicia social que requiere voluntad política al más alto nivel jerárquico. La urgencia radica en que, sin una intervención directa desde la Casa de Nariño, el sistema de salud seguirá recibiendo a millones de lesionados, saturando los servicios de urgencias y dejando a miles de familias en la ruina emocional.
Motociclistas y la urgencia de una política inclusiva
El fenómeno de la motocicleta en Colombia es quizás el reto más grande que deberá enfrentar el próximo mandatario. En 2025, el 66% de los fallecidos fueron motociclistas, y en 8 de cada 10 siniestros hubo una moto involucrada de manera directa. Para una población que utiliza este vehículo como herramienta de trabajo y solución de transporte ante la precariedad de los sistemas públicos, la seguridad vial debe integrarse con la realidad económica de los territorios. La próxima presidencia deberá diseñar estrategias que no solo sancionen, sino que eduquen y proporcionen entornos seguros para los más de 13,5 millones de motociclistas que transitan diariamente.
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“Colombia necesita metas claras y decisiones sostenidas para proteger la vida en las vías. Las cifras muestran una crisis de salud pública y justicia social”, recalca la Coalición por la Seguridad Vial en su comunicado oficial. El costo de 10,6 billones de pesos anuales que genera la siniestralidad podría ser reinvertido en desarrollo social y educación si se implementan los mecanismos de gobernanza adecuados. El debate del 11 de mayo será el termómetro definitivo para medir qué tan preparados están los candidatos para enfrentar este desafío, asegurando que el país deje de contar muertos cada hora y empiece a construir caminos donde llegar a casa sea la única opción real para todos los colombianos.
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