La parálisis administrativa mantiene suspendidas 11 convocatorias públicas, afectando de manera directa a cerca de 290.000 ciudadanos.
La Federación Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FEDECTI) formalizó un pronunciamiento institucional frente al limbo administrativo que afecta la continuidad de 11 convocatorias públicas (de la número 33 a la 43) correspondientes al bienio 2023-2024 del Sistema General de Regalías (SGR). El gremio que congrega a los centros de investigación, la academia y los laboratorios del sector tecnológico alertó que una cuantía de 2,7 billones de pesos se encuentra paralizada debido a la falta de una resolución operativa definitiva por parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.
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Ante este panorama, la federación lideró la instalación de mesas de trabajo conjuntas con organismos de control del Estado, incluyendo a la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, además de la participación de delegados del Departamento Nacional de Planeación (DNP). Las jornadas técnicas tuvieron como objetivo central encontrar un mecanismo jurídico que viabilice el salvamento y la posterior ejecución de las partidas presupuestales que ya han sido asignadas legalmente para las regiones.
El concepto emitido por el DNP y la viabilidad jurídica del trámite
Como respuesta a una solicitud de aclaración y ampliación del concepto jurídico radicada por FEDECTI en marzo de 2026, el Departamento Nacional de Planeación recomendó de manera oficial “la modificación del Plan Bienal de Convocatorias vigente, incluyendo nuevas convocatorias en el bienio 2025–2026 a través de las cuales se habilite la presentación de los proyectos que se encontraban cursando diferentes estados de las convocatorias”. Este pronunciamiento dota al Ministerio de Ciencia y al Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD CTeI) de los insumos regulatorios para destrabar el proceso.
“El DNP ha sido claro: existe una ruta jurídica viable. La recomendación operativa es respetar los esfuerzos alcanzados por las entidades proponentes y modificar el Plan Bienal de Convocatorias 2025– que permita a los proyectos de las Convocatorias 33 a 43 continuar su trámite. Hablamos de $4,3 billones de pesos que ya están en el presupuesto vigente para ser ejecutados en beneficio de las comunidades y territorios más necesitados del país”, puntualizó Andrés Marín, miembro fundador de la organización gremial y director del Centro de Innovación CONNECTNOVA. El llamado enfatiza en la obligatoriedad de amparar el debido proceso de las entidades que invirtieron recursos propios en la estructuración de las propuestas.
Impacto en las comunidades rurales, el programa Ondas y las víctimas
La suspensión prolongada de estos recursos fiscales vulnera los derechos de acceso al conocimiento de cerca de 290.000 colombianos presupuestados como beneficiarios directos del portafolio de proyectos de las convocatorias afectadas. El censo de cobertura incluye a 200.000 niños, niñas y adolescentes adscritos a los semilleros del programa pedagógico ONDAS; 50.000 integrantes de asociaciones rurales, comunidades étnicas, agricultores y pescadores artesanales; y 40.000 personas en condición de vulnerabilidad, abarcando a víctimas del conflicto armado, mujeres, jóvenes e investigadores sociales vinculados a las regiones con mayores índices de desigualdad.
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A este tejido social se suma la afectación patrimonial y operativa de las universidades de carácter público y privado, las gobernaciones locales y los centros de desarrollo tecnológico que destinaron capital humano y presupuestos de cofinanciación en la ingeniería de proyectos que hoy permanecen sin resolución oficial. El gremio concluyó su exhorto instando al Ministerio de Ciencia a acoger la metodología de reestructuración planteada por el DNP, advirtiendo que la celeridad institucional es prioritaria para restaurar la confianza en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
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